El canciller Francisco Pérez Mackenna dijo que ya hubo conversaciones con Caracas y que la prioridad es asistir a los más de 700.000 venezolanos que viven en Chile y a los chilenos residentes en Venezuela.
El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna afirmó que el restablecimiento de los servicios consulares con Venezuela es la "primera prioridad" del Gobierno de Chile, en medio de las dificultades que atraviesan cientos de miles de ciudadanos afectados por la ruptura diplomática entre ambos países.
El ministro sostuvo que en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que alrededor de 25.000 chilenos residen actualmente en Venezuela, sin canales consulares plenamente operativos para realizar trámites básicos.

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Pérez Mackenna explicó que el objetivo inicial de La Moneda no es una normalización política completa, sino reconstruir canales básicos de comunicación, intercambio de información y atención consular.
El canciller señaló que el Gobierno chileno ya inició conversaciones con Caracas. Según detalló, uno de los primeros contactos se produjo durante una instancia de la CELAC, donde mantuvo un encuentro con su par venezolano.
"Necesitamos normalizar la transferencia de información entre Chile y Venezuela para poder darle los servicios consulares a la gente que lo necesita", indicó el ministro.

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La falta de relaciones consulares dejó en una situación compleja a miles de personas que necesitan renovar documentos, realizar trámites migratorios, gestionar certificados o resolver situaciones administrativas.
El problema afecta especialmente a la comunidad venezolana en Chile, una de las más numerosas del país. También alcanza a los ciudadanos chilenos que residen en Venezuela y que quedaron sin asistencia consular regular tras la ruptura de vínculos.
Pérez Mackenna sostuvo que cualquier diferencia interna de Venezuela debe resolverse dentro del sistema democrático y expresó su expectativa de que los venezolanos puedan avanzar "de acuerdo a sus propias normas y decisiones".
Los vínculos entre Santiago y Caracas se quebraron tras las elecciones venezolanas de 2024, luego de que el Gobierno chileno cuestionara la transparencia del proceso y denunciara irregularidades.
Después de ese episodio, Venezuela retiró a su personal diplomático de Chile y exigió la salida de los representantes chilenos en Caracas.
Desde entonces, la ausencia de canales oficiales también complicó la cooperación en materia migratoria y de seguridad.
Uno de los efectos concretos de la ruptura fue la eliminación de la conexión aérea directa entre Santiago y Caracas, lo que dificultó la ejecución de expulsiones de inmigrantes en situación irregular hacia Venezuela.
De acuerdo con cifras oficiales citadas en reportes recientes, Chile mantiene más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
En ese contexto, la reapertura de canales consulares aparece como una herramienta clave para ordenar trámites migratorios, facilitar retornos o expulsiones y dar respuesta administrativa a miles de personas que hoy permanecen en una situación de incertidumbre.