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El presidente interino de Perú cuestionó la compra de 24 cazas F-16 a Estados Unidos, denunció falta de transparencia y planteó que el próximo gobierno podría renegociar.
El presidente interino de Perú, José María Balcázar, volvió a cuestionar el proceso de compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos y sostuvo que existen argumentos para que el próximo gobierno revise o renegocie la operación.
La adquisición, valuada en unos US$3.500 millones, derivó en una fuerte crisis política interna, con la salida del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y del canciller Hugo de Zela, luego de que se confirmara que el contrato había sido firmado pese a la postura del mandatario de postergar la decisión para la próxima administración.
Balcázar afirmó que el proceso estuvo marcado por falta de transparencia, carácter reservado y ausencia de una competencia abierta entre proveedores. Según sus declaraciones, la compra se habría realizado con "postor único", sin licitación pública, y dejando fuera alternativas presentadas por Francia y Suecia.
El mandatario sostuvo que una decisión de esa magnitud no debería quedar cerrada durante un gobierno de transición y remarcó que la legitimidad del proceso está comprometida. En ese sentido, planteó que la administración que asuma después de las elecciones deberá evaluar si continúa con los pagos, reduce la cantidad de aeronaves o apuesta por otras tecnologías, como drones.
La polémica provocó la salida de los entonces titulares de Relaciones Exteriores y Defensa. Mientras Balcázar aseguró que él los cesó por deslealtad a la investidura presidencial, los exministros sostuvieron que renunciaron y defendieron que el contrato ya había sido firmado por funcionarios del área de Defensa.
Uno de los puntos más sensibles es quién autorizó efectivamente la operación. Balcázar cuestionó que el documento final no llevara la firma directa de los ministros y afirmó que fue rubricado por un oficial de menor rango, lo que -según su postura- refuerza la necesidad de revisar responsabilidades administrativas y legales.
El caso también abrió un frente diplomático con Washington. El embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, defendió la operación y advirtió sobre posibles consecuencias si el país negociaba de mala fe, mientras que el presidente interino insiste en que el acuerdo debe ser revisado por el próximo gobierno.
La disputa deja expuesta una crisis institucional más amplia en Perú, atravesada por inestabilidad política, tensiones dentro del Ejecutivo y el debate sobre hasta dónde puede avanzar un gobierno de transición en decisiones militares de largo plazo.
