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Un tribunal de Seúl condenó este 19 de febrero de 2026 al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua por liderar un intento de insurrección al imponer la ley marcial en diciembre de 2024, en un momento de grave crisis política en Corea del Sur que terminó con su destitución.
La justicia de Corea del Sur impuso este jueves la cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol al hallarlo culpable de insurrección por su decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, una medida que intentó paralizar el Parlamento rodeándolo con tropas y fuerzas policiales. El tribunal consideró que sus acciones constituyeron un intento de subvertir el orden constitucional y socavar las instituciones democráticas del país.
El juez a cargo del caso, Jee Kui-youn, sostuvo que Yoon fue responsable de movilizar a fuerzas armadas y policiales en un intento ilegal de sitiar la Asamblea Nacional, arrestar a legisladores y establecer un poder sin límites, lo que se tradujo en la calificación de "insurrección".
La declaración de la ley marcial duró apenas unas horas antes de que los parlamentarios, con apoyo masivo de la sociedad, lograran levantarla y detener la medida. El episodio fue uno de los mayores momentos de tensión institucional en décadas para Corea del Sur.
Yoon había sido impugnado por el Parlamento en diciembre de 2024 tras el decreto y fue formalmente removido de su cargo por el Tribunal Constitucional en abril de 2025, allanando el camino para su arresto y posterior enjuiciamiento.
Además de Yoon, el tribunal también condenó a varios exfuncionarios que estuvieron involucrados en el intento de imponer la ley marcial. Entre ellos se encuentra el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien recibió una sentencia de 30 años de prisión por su papel en movilizar al Ejército en apoyo de la iniciativa.
La fiscalía surcoreana había pedido inicialmente la pena de muerte, alegando que la acción constituyó una amenaza significativa a la democracia del país, aunque la sentencia final fue cadena perpetua, en línea con la moratoria de facto sobre ejecuciones en Corea del Sur.
Tras conocerse la sentencia, Yoon, quien ha mantenido su inocencia y defendió que su decreto de ley marcial estaba dirigido a enfrentar el bloqueo legislativo, aseguró que apelará la decisión ante instancias superiores. Analistas legales señalan que el fallo marca un hito en la rendición de cuentas de líderes democráticos que intentan acciones contrarias a la Constitución.
La condena de Yoon también ha generado reacciones mixtas dentro de Corea del Sur, con sectores que celebran el fallo como un triunfo del estado de derecho y otros que lo ven como una decisión controvertida en un contexto de polarización política.
