En Rusia, las leyes contra la "incitación al odio" y la crítica al conflicto en Ucrania se aplican de forma amplia, llevando a juicio a comediantes por chistes sobre la guerra o la religión bajo posibles penas de cárcel.
En la Rusia de Vladimir Putin, el humor crítico deja de ser una forma de entretenimiento para convertirse en una actividad de alto riesgo. Bromas sobre la guerra en Ucrania, sobre figuras religiosas o incluso sobre la realidad social pueden desencadenar procesos penales y terminar con artistas detrás de las rejas.
Esto quedó en evidencia con el caso del comediante Artiom Ostanin, quien enfrenta un juicio por supuestamente haber "incitado al odio" y "ofendido los sentimientos religiosos" tras hacer chistes sobre Jesucristo y un veterano en uno de sus shows. Más aún, la causa también lo acusa de liderar un "grupo criminal organizado".
La controversia comenzó en diciembre de 2024, cuando Ostanin pronunció dos chistes en un club de comedia en el centro de Moscú que fueron considerados ofensivos por parte de testigos e incluso denunciados ante la justicia.
El fiscal del Tribunal de Distrito de Meshchansky en Moscú solicitó una condena de casi seis años de prisión, en un proceso que ha tenido testigos que describen los chistes como "desacralizadores" y "ofensivos".
Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo en Rusia se han aplicado desde leyes contra la "desacreditación" de las fuerzas armadas hasta normas que castigan con severas penas cualquier expresión que se aparte de la narrativa oficial sobre la guerra en Ucrania.
Esta tendencia represiva alcanza también a quienes critican o ridiculizan aspectos religiosos y sociales, utilizando artículos del Código Penal que buscan sancionar la "ofensa a los sentimientos religiosos" o la difusión de "información contraria al Estado".
Desde organizaciones civiles, activistas como Olga Romanova advierten que "en la Rusia actual, hacer chistes políticos o religiosos conlleva un real riesgo de persecución penal", porque las leyes son deliberadamente vagas y permiten interpretar cualquier crítica como una infracción.
Para muchos comediantes, blogueros y artistas, el humor -que por naturaleza recurre a la ironía, la crítica y la sátira- se ha convertido en una amenaza criminalizada por el Estado. En este contexto, la libertad de expresión está cada vez más restringida y penalizada.