Una ciudadana alemana de 58 años se presentó en un hospital en Alemania con una bebé de tres meses, nacida en Buenos Aires con pasaporte argentino, en pésimas condiciones de salud. Los médicos notaron que la mujer no estaba en condiciones de cuidar a la menor, por lo que se informó a la policía, y la niña fue puesta bajo la custodia de una familia sustituta.

Este caso reveló una red internacional de gestación subrogada y explotación de mujeres, investigada por la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Alejandra Mángano. La investigación comenzó cuando la Cancillería argentina denunció el caso en enero, tras ser notificada por autoridades alemanas del ingreso de la bebé al hospital. La bebé fue inscrita en Argentina bajo una disposición legal que permite la inscripción ante escribanos, pero el caso no fue aislado.

La red cobró notoriedad al descubrirse que entre 2018 y 2023, al menos 49 de los 147 casos de subrogación en Buenos Aires involucraban a extranjeros que pagaban hasta USD 50.000 por el proceso, mientras que las gestantes recibían unos USD 10.000, muchas veces en condiciones vulnerables. A menudo, las mujeres no tenían vínculos con los comitentes, quienes ni siquiera aportaban material genético.

Esta red aprovechaba la falta de regulación clara en Argentina y la crisis económica. El caso destapó un sofisticado negocio que involucraba a agencias, clínicas de fertilidad y escribanos, facilitando el llamado "turismo reproductivo".