La Fiscalía general de Bolivia solicitó la prisión preventiva de Jeanine Áñez por seis meses, luego de que la expresidenta de facto fuera detenida ayer por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
Los principales partidos opositores, de derecha, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.
El ministro de Justicia rechazó acusaciones de Áñez de "persecución política", dijo que el proceso se ajusta a derecho y que a la expresidenta y exsenadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario.
La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la dimisión de Morales en medio de una fuerte convulsión social luego de que opositores denunciaran un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder izquierdista buscaba reelegirse.
Las denuncias de fraude desataron protestas en las calles y motín policial, y en medio de esta convulsión, las Fuerzas Armadas le hicieron a Morales, en el poder desde hacía 14 años, la "sugerencia" de dimitir.
Morales, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) salió exiliado a México, se trasladó un mes después a Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Luis Arce, su exministro de Economía.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada de ayer en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz.
Como Áñez fueron detenidos también en Trinidad sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía.
La Fiscalía publicó hoy la acusación formal por "sedición, terrorismo y conspiración" contra los tres detenidos y pidió que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses, mientras dure la investigación.
La Fiscalía argumenta que de estar libres los imputados, existe el peligro de fuga porque podrían salir del país, pero también podrían influir en otros implicados o testigos.