La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) solicitó durante esta jornada que las vacunas contra el coronavirus sean declaradas bienes de interés público mundial para garantizar un reparto equitativo. De esta manera, la entidad se suma a las recientes advertencias de gobiernos y organismos que acusan a los países más ricos de acaparar las dosis. A su vez, impulsó al G-7 a traducir en hechos sus anuncios de donación.

"Los más vulnerables no están protegidos", agregó durante una conferencia virtual de la que participaron, entre otros, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y dos comités científicos y de bioética.

La Unesco recalcó que mientras algunos países se aseguraron vacunas como para proteger a toda su población varias veces, las regiones del sur "se están quedando atrás”. Por este motivo, reclamó al G-7 que traduzca sus palabras en hechos concretos, después de que la semana pasada el grupo expresara su intención de enviar millones de dosis a estos lugares.

En tanto, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que la pandemia no acabará "en ningún lugar" si no se combate contra ella de la mejor manera "en todas partes". "En última instancia, la equidad en las vacunas no es solo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y reiniciar la economía mundial", insistió Tedros.

Tanto para el Comité Internacional de Bioética (CIB) de la Unesco como para la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (Comest), la responsabilidad de la desigual distribución es de las farmacéuticas.

Asimismo, defendieron la necesidad de aplicar criterios basados en "la igualdad, la equidad, la protección, la reciprocidad y el interés superior de los niños" como parte de los avances de los programas de vacunación en los países más vulnerables. También sostuvieron que quienes muestren reticencias en el momento de la vacunación deben ser persuadidos a través de información y no de sanciones punitivas. "El rechazo a la vacunación no debe afectar los derechos fundamentales de la persona, en concreto, su derecho de acceso a la sanidad o al empleo", concluyeron.