Iván Duque ganó las elecciones el pasado 17 de junio con más de diez millones de votos, un resultado histórico que reflejaba el deseo de los colombianos de inaugurar una nueva etapa. Asumió el cargo el 7 de agosto con el propósito de superar el clima de polarización que marcó al país desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, de los que están a punto de cumplirse dos años. Han pasado 100 días y el nuevo presidente aún no ha dado las suficientes pistas para determinar cuál será el rumbo de su mandato. Algunas de las últimas encuestas certifican la caída de su popularidad. La firma Cifras y Conceptos registra un desplome que llega hasta el 33%, mientras la imagen desfavorable alcanza el 65%. Mientras tanto, el sucesor de Juan Manuel Santos afronta una creciente ola de contestación social, representada sobre todo por el movimiento estudiantil.

"Voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías en unir a este país. Es muy importante decirles a ustedes y a toda Colombia que no hay ciudadanos vencidos. Se trata hoy más que nunca de unir a nuestro país". Esta fue la primera declaración de intenciones de Duque, que tiene 42 años, tras conocer el resultado electoral. Ese mensaje tenía que ver con el trasfondo del proceso de paz. El mandatario prometió corregir los acuerdos con la antigua guerrilla, aunque rechazó hacerlos trizas como demanda el sector más intransigente de su partido, el Centro Democrático, fundado por el expresidente y senador Álvaro Uribe. La realidad es que, si bien la aplicación de lo pactado por el anterior Ejecutivo en La Habana ha sufrido algunos reveses, sobre todo relacionados con el trabajo del sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de la guerra, lo que ha marcado estos tres meses han sido las urgencias de un país en plena transición, que ya ha dejado atrás más de medio siglo de conflicto armado.

En primer lugar, la economía. La campaña de Duque se centró en la recuperación económica y los Presupuestos han sido hasta ahora uno de los elementos centrales del debate y la confrontación política. El Gobierno se escuda en el clásico argumento de la herencia recibida, esto es, la caja vacía, para justificar los retrasos en algunas inversiones. Esta semana presentó las bases el Plan Nacional de Desarrollo, que marca las metas para los próximos cuatro años, y este sábado el presidente, que se empleó en recorrer el territorio en unas serie de actos de proximidad bautizados como Talleres construyendo país, detallará los logros alcanzados desde el pasado agosto.

Sin embargo, este largo arranque del mandato no ha logrado evitar que se generara un intenso clima de oposición a algunas de las medidas adoptadas hasta ahora, y que de alguna manera expresan las distintas sensibilidades de su coalición. De la aprobación del decreto que autoriza la incautación de la dosis mínima a una polémica reforma tributaria que contempla la aplicación del IVA del 18% a la gran mayoría de productos de la cesta de la compra.

Este proyecto, con el que la Administración busca recaudar cerca de 4.500 millones de dólares para programas sociales, ha despertado críticas prácticamente unánimes, incluso del propio Centro Democrático, que exige una rectificación. Esta tormenta política ha puesto en la diana especialmente al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien además se ha enfrentado a dos intentos de moción de censura en el Congreso por el llamado caso de los bonos de agua, un supuesto episodio de conflicto de intereses que se remonta a la pasada década. 

Duque, que en términos generales se ha mantenido fiel a su buen talante y al diálogo con todos los sectores, se ha enfrentado no obstante a la comunidad educativa, sobre todo al movimiento de estudiantes universitarios que demandan un incremento del presupuesto en 500.000 millones de pesos (unos 160 millones de dólares) antes de 2019. Este colectivo lleva un mes llenando con decenas de miles de personas las calles de las principales ciudades del país y sus protestas han derivado en las últimas dos semanas en violentos choques con las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo aumentó las partidas destinadas a la educación hasta los 13.500 millones de dólares y se comprometió a subir la inversión para al funcionamiento de los centros superiores en más de 300 millones durante su mandato. Los estudiantes, ahora apoyados por los principales sindicatos, no lo consideran suficiente y prometen seguir dando batalla. El próximo lunes se reinicia la mesa de diálogo entre el Gobierno y los estudiantes.

Una de las promesas de Duque, la lucha sin cuartel contra la corrupción, se ha visto reflejada por ejemplo en su apoyo a una consulta celebrada a finales de agosto, en contra del criterio de Uribe, pero el presidente no ha logrado apropiarse de esa agenda, que hoy representa la principal preocupación de los ciudadanos. Además, su claro respaldo al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a pesar de la difusión de unas conversaciones que siembran dudas sobre su gestión del caso Odebrecht, puede contribuir a quebrar la confianza de algunos sectores de la sociedad.

Con todo, su reacción a los últimos estudios de opinión fue, este viernes, un ejemplo de sosiego en un país todavía muy polarizado. "Tomar decisiones responsables tiene un costo, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pensando en el bienestar de todos. Recibo las encuestas con humildad y debemos seguir trabajando", manifestó en una entrevista concedida a Blu Radio. Mientras tanto, entra en una nueva fase de su mandato con el reto de demostrar hacia dónde quiere llevar el país.

Fuente: El País