Bolivia ha marcado un nuevo récord de fallecidos por coronavirus en el país, con 88 decesos en una sola jornada. El último reporte del Ministerio de Salud eleva a 2.808 los muertos por la enfermedad en Bolivia desde que se detectaron los primeros casos en marzo pasado, importados de Europa.

Los positivos confirmados alcanzan los 73.534 en el país, con 22.506 contagiados que superaron el coronavirus, de acuerdo al Ministerio. La propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, superó la enfermedad y retomó esta semana su actividad pública tras haber permanecido en aislamiento en la residencia oficial en La Paz.

El anterior récord diario de fallecidos era del pasado 23 de julio con 79 decesos y la nueva marca se produce en un momento en que la curva de contagios presenta dientes de sierra, con días en que sube y a la jornada siguiente baja.

Estos datos sitúan a Bolivia entre los países más afectados por la pandemia en función de su población, de unos once millones y medio de habitantes, de acuerdo a estudios como los que elabora la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Estos estudios muestran a Bolivia como el séptimo país del mundo con más fallecidos por esta enfermedad por cada 100.000 habitantes, con un porcentaje del 24,73 por ciento, y el noveno en cuanto a decesos respecto a los positivos confirmados del nuevo coronavirus, con un 3,8 por ciento.

Bolivia tiene declarados estados de emergencia sanitaria y de calamidad pública, para combatir la enfermedad, con una cuarentena que se ha ido ampliando por fases en función de un mapa de riesgo del nuevo coronavirus en cada municipio y región del país.

Las principales ciudades bolivianas presentan situaciones de saturación en centros de salud y cementerios, para atender enfermos y para enterrar o incinerar a fallecidos por COVID-19, con casos de personas que fallecen en la calle o en sus casas con síntomas de la enfermedad.

El Gobierno interino del país y la mayoría parlamentaria del Movimiento Al Socialismo mantienen un pulso político por la aprobación de leyes para destinar más recursos al sistema sanitario.