Lula está preso desde el 7 de abril de 2018 en una celda especial de la Policía Federal en Paraná (sur). Este lunes cumplió una sexta parte de su pena de ocho años y 10 meses por corrupción, con lo que tiene el derecho de pasar al régimen semiabierto o incluso domiciliar. 

El exmandatario (2003-2010) de 73 años declinó esta semana del beneficio.

Los fiscales de la Lava Jato, incluyendo el jefe de la operación, Deltan Dallagnol, suscribieron un oficio argumentando que Lula cumplía los criterios para un "régimen más blando". Estos criterios son el cumplimiento de una parte de la pena y buen comportamiento, entre otros.

"Se trata del derecho del penalizado de, una vez cumplidos los requisitos objetivos y subjetivos, pasar al cumplimiento de una pena en el régimen más benéfico", dice el texto.

El pedido se da en momentos en que el Supremo Tribunal Federal (STF) discute un recurso que podría anular decenas de sentencias de Lava Jato, incluyendo una del mítico líder de la izquierda brasileña.