La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ordenó al Congreso suspender el debate de unas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, dirigidas a amnistiar a autores de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1960-1996).

"Se deja en suspenso, mientras se dicta la sentencia respectiva, el procedimiento de formación, sanción y promulgación de la iniciativa de ampliación de la amnistía que modificaría la Ley de Reconciliación Nacional", señala la resolución de la CC, divulgada por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), representante de las víctimas del conflicto armado.

Varias organizaciones sociales y la Procuraduría de los Derechos Humanos presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el anteproyecto de ley 5377, presentado por el diputado Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional (PAN, derechista), alegando que las reformas buscaban dar amnistía a criminales de guerra.

El fallo emitido por el tribunal constitucional señala que se decidió amparar de manera provisional a los sobrevivientes de la guerra interna, a organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de derechos humanos y a Jordán Rodas, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los magistrados de la CC consideraron "aconsejable" otorgar un amparo provisional a los demandantes, y ya notificaron a las partes involucradas en el caso.

La Ley de Reconciliación Nacional, promulgada en Guatemala después de que Gobierno y guerrilla firmaron la paz en diciembre de 1996, concedió el perdón a los responsables de delitos relacionados con la política durante el conflicto armado.

Las reformas impulsadas por el PAN, el oficialista Frente Convergencia Nacional y otras bancadas de derecha pretendían extender la amnistía a delitos no incluidos en el texto original, como genocidio, desaparición forzada y tortura.

Además, la iniciativa 5377 pretendía absolver a condenados por tales delitos mediante una aplicación retroactividad de la ley, y ampararía tanto a autores como a cómplices y encubridores de crímenes de lesa humanidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Gobierno de Guatemala a detener el proceso de aprobación de esta amnistía, al considerar que vulnera los compromisos internacionales del país en materia de memoria, verdad y justicia.

La decisión de la CC trunca así un proyecto de ley que ya estaba en el tramo final de su aprobación definitiva, solo pendiente de la votación en el Congreso y la sanción del presidente Jimmy Morales.

Un informe de la Comisión de la Verdad nombrada por las Naciones Unidas determinó en 1999 que la guerra civil de Guatemala dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.