La resolución aprobada por la ONU "exhorta al régimen de Nicolás Maduro a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur", informó la agencia ANSA. Veintitrés países votaron a favor de la resolución, siete en contra y 17 se abstuvieron. La resolución también "insta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos".

Solicita además a la Alta Comisionada que prepare un "informe exhaustivo" por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que será sometido al Consejo de Derechos Humanos en su 41er. período de sesiones y al que seguirá un diálogo interactivo de mayor calado.

El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró "el comienzo de una escalada intervencionista" para lograr la caída del gobierno y "establecer un mecanismo de tutela" foráneo sobre Venezuela.

Valero acusó además a los países que promovieron la resolución de ser instrumentos de Estados Unidos e Israel en contra de su país. Caracas rechazó una y otra vez cualquier tipo de ayuda humanitaria, en particular de países occidentales, por considerar que esto podría ser utilizado como pretexto para una intervención militar exterior.

Hasta ahora, todos los intentos por introducir el caso de Venezuela en la agenda del Consejo habían fracasado, pero esta vez el llamado "Grupo de Lima", compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del Gobierno venezolano) logró alcanzar su objetivo, agregó ANSA.

El embajador de Perú, Claudio de la Puente, expresó que había llegado el momento de que el Consejo atienda a una situación que ha provocado el éxodo de unos dos millones de venezolanos que han buscado acogida en otros países de la región.

El miércoles, seis países americanos, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, denunciaron la situación de los derechos humanos en Venezuela ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.