Desde hace cuatro años se envían señales contradictorias sobre la cuestión del fin de la vida, haciendo difícil de comprender lo que está o no permitido.
No se trata de una "evaluación moral o política del suicidio y de su impacto en la sociedad (...) sino de establecer el alcance de la libertad limitada por la amenaza de procesamientos", explicó al comenzar los debates el presidente de la Corte Constitucional, Andreas Vosskhule.
Se trata de una cuestión sensible en un país en el que cada vez hay más ancianos, pero donde también sigue flotando el espectro del nazismo. El III Reich recurrió en muchas ocasiones a la eutanasia, sobre todo para matar a los discapacitados.
En 2015, el Bundestag, tras una serie de sesiones apasionadas, prohibió la asistencia "organizada" al suicidio, pasible de tres años de prisión.
Pero dos años después, la Corte Administrativa de Leipzig, la más alta instancia administrativa alemana, tomó una sorpresiva decisión: los jueces consideraron que "en casos excepcionales, el Estado no puede impedir el acceso de un paciente a productos anestésicos que le permitirían suicidarse de manera digna y sin dolor".

Indignación
 A este tribunal recurrió el marido de una mujer que quedó completamente paralizada en 2002 por un accidente y que tuvo que trasladarse a Suiza para poder acceder a un suicidio asistido en 2005.
Los jueces dieron la razón al esposo, poniendo tres condiciones: que el sufrimiento del paciente sea insoportable, que la decisión de morir se tome libremente y que no haya ninguna alternativa razonable.
Ante la indignación, concretamente de las influyentes Iglesias católica y protestante, el gobierno federal suspendió en 2018 la aplicación de esta decisión.
No puede corresponder a "funcionarios --o, en última instancia a mí como ministro--" decidir "quién puede morir", consideró en febrero de 2018 Jens Spahn, dirigente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que unas semanas después se convirtió en ministro de Salud.
La Corte Constitucional, a la que recurrieron asociaciones alemanas y suizas de ayuda al suicidio, médicos y pacientes, aborda la cuestión el martes y el miércoles, pero su decisión tardará meses.
Los demandantes consideran que la legislación actual viola los artículos 1 y 2 de la ley fundamental alemana sobre el respeto "intangible" de la "dignidad" humana.
"No solo hay un derecho a la vida, sino también un derecho a una muerte responsable", señalaba en el semanario Die Zeit uno de los demandantes, el médico Michael de Ridder.
Como el suicidio no es una infracción en derecho alemán, médicos y allegados desean una mayor seguridad jurídica en el acompañamiento de los pacientes, sobre todo en caso de detención de un tratamiento que lleva a la muerte.
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"Señal fuerte" -.
A la inversa, el presidente de la Asociación Médica alemana se pronunció en contra de la legalización de la eutanasia.
"Como médicos debemos ser claros sobre el hecho de que vamos a ver a los pacientes como asistentes, como sanadores y no como asesinos", declaró Frank Ulrich Montgomery a la radio RBB.
La Iglesia católica ya puso presión sobre los jueces de Karlsruhe. El arzobispo de Berlín, monseñor Heiner Koch, advirtió el lunes contra cualquier "cambio del sistema de valores", por parte de la Corte de Justicia federal, y dijo esperar "una señal fuerte para la protección de la vida".
Entre los países europeos sigue habiendo disparidades sobre esta cuestión. Holanda, Bélgica y Luxemburgo legalizaron la eutanasia.
Otros, como España, Suiza, Francia, los países escandinavos, Reino Unido y Portugal toleran una cierta forma de ayuda a la muerte, con la administración de tratamientos antidolor que conllevan el acortamiento de la vida de un enfermo sin cura.
Los países con fuerte tradición católica, como Italia, Irlanda o Polonia, se oponen a todo tipo de ayuda a la muerte.
En los últimos meses, Alemania debatió otras controversias éticas.
La introducción por el gobierno del consentimiento preasumido en materia de donación de órganos agitó recientemente a políticos y religiosos. La vacunación obligatoria o la posibilidad de rembolsar las pruebas prenatales de diagnóstico de síndrome de Down también provocaron debate.