El Gobierno nacional busca avanzar en el reordenamiento de las pensiones por discapacidad con el objetivo de transparentar, pero también agilizar su otorgamiento. A tal fin, entre otras medidas a tomar, revisarán los casos de aquellos beneficiarios que no cumplen con los requisitos.

Esta medida será oficializada en las próximas horas con la publicación de una resolución que establecerá la renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas.

Según consignó Clarín, una fuente de Casa Rosada les aseguró que no se cortará ninguna pensión de forma automática, “se comenzará a actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por uno”.

Este es uno de los temas de agenda del Ejecutivo nacional. Sospechan del gran crecimiento en la cantidad de pensiones por invalidez laboral otorgadas durante la gestión de los Kirchner, cuando se pasó de cerca de 170 mil pensiones a más de un millón.

Según consigna la Agencia de Discapacidad, en el país hay actualmente 1.044.000  beneficiarios que, según lo establece la normativa pertinente, deben poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparados por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar con ingresos o recursos.

En febrero, los beneficiarios de estas pensiones cobraron $6.516,37 y a partir de marzo percibirán $7.287.25.

A través de la actualización de datos, desde el Gobierno buscarán cerciorarse de que los beneficiarios realmente cumplan con los requisitos legales. Durante el año, convocarán a cerca de 120 mil personas para realizar el proceso de actualización de la información.

A su vez, también implementarán otras dos medidas en paralelo. Una de ellas es el nuevo circuito de control de la información. La Agencia Nacional de Discapacidad comenzó a notar presuntas incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.

Durante este análisis, surgieron cerca de 10 mil casos de incompatibilidades. “Muchos figuraban con trabajo registrado. Otros que ni siquiera estaban en el país. Y hasta hubo casos de beneficiarios que pasaban tres meses sin ir a cobrar que va en contra del requisito de estar en situación de vulnerabilidad social que se debe cumplir para gozar de la pensión”, aseguraron desde la Agencia Nacional de Discapacidad a Clarín.

En parte esto se debe, según consignan desde el Gobierno, al caos organizativo que heredaron con respecto al orden de los papeles y expedientes. A fin de evitar estas inconsistencias, buscan terminar con la existencia del expediente en formato papel.

Así, aquellos que deseen tramitar una pensión, deberá hacerlo a través del circuito de los Certificados Médicos Oficiales (CMO) digitales, que se el pasado viernes, 1 de febrero, mediante la publicación de la Resolución 39/2019.

La puesta en marcha del mismo permitirá "agilizar el trámite, y brindar más seguridad y transparencia al proceso de gestión del Certificado Médico Oficial, uno de los requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral", informó la Agencia Nacional de Discapacidad a través de un comunicado.