Hasta ahora los requerimientos para los migrantes venezolanos en la frontera argentina eran presentar un pasaporte vigente que acreditase su identidad y una constancia de carencia de antecedentes penales emitida por el Gobierno de Venezuela. El problema es que, conforme avanza el conflicto social, político y económico en ese país, cada vez menos de sus ciudadanos pueden tramitar sus documentos o apostillarlos en los consulados de los países a los que lleguen.

El caso más dramático es el de los niños menores de 9 años porque históricamente el Estado venezolano no les otorga un documento de identidad hasta esa edad y, sin la posibilidad de tramitar un pasaporte, llegan a la Argentina sólo con sus partidas de nacimiento para probar su identidad y el parentesco con sus familiares. La única maniobra posible hasta esta semana era el pedido de asilo en calidad de refugiados, lo que los dejaba envueltos en un proceso de no menos de seis meses a cargo de la Comision Nacional para los Refugiados (Conare).

"Básicamente con esta disposición lo que se acepta es que los menores de 9 años puedan ingresar a la Argentina para acceder legalmente a la residencia del Mercosur que nosotros ya instauramos hace más de dos años", explicó Sebastián Horton, titular de la Comision Nacional para los Refugiados (Conare) a minutouno.com.

"Empezamos a visualizar es que es ilógico que el Estado argentino reconozca a una cantidad importante de menores de 9 años como refugiados porque aleguen persecución, más allá de las circunstancias humanitarias. Entonces dijimos "si estas personas se pueden regularizar por el criterio del Mercosur, o porque muchos son hijos de ciudadanos venezolanos que ya están radicados legalmente en la Argentina y que podrían hacerlo por el criterio de la reagrupación familiar, entonces no tiene sentido someter al menor a un proceso largo"", señaló Horton.

Con el criterio del reagrupamiento familiar habilitado, el Gobierno buscó facilitar la radicación de los más chicos pero no deja exentos a los mayores de edad de presentar sus documentos: pasaporte y constancia de carencia de antecedentes penales. Los más de 130 mil migrantes venezolanos que llegaron al país en los dos últimos años tuvieron que pasar por esa instancia en algún momento.

"El problema que tiene Venezuela es que el Gobierno no apostilla o tiene un proceso de apostillado lento por la gran demanda que tiene", convino Horton. "Lo que decimos con esta facilitación es "vos vení y podés iniciar el trámite y vas a estar regular". Mientras estamos sustanciando ese documento se te va a intimar a completar esto de la manera que puedas y nosotros, a través del Consulado de Venezuela acá en la Argentina, vamos a hacer gestiones propias de Migraciones, para tratar de tener la información", aseguró.

Horton aclaró que desde Migraciones se han vuelto más pragmáticos a la hora de procesar los pedidos de radicación. "Necesitamos saber es si esa persona tiene o no antecedentes. No importa si tiene el instrumento público o no. A mí el Consulado de Venezuela me informa que esta persona está libre de antecedentes y lo vamos a resolver favorablemente igual. Pero mientras hace todo ese proceso está regular", explicó.

"Acá el mensaje que habría que darle a la comunidad venezolana es que todos tienen la posibilidad de acceder a una residencia legal en la Argentina y eso es lo que les da mayores derechos para igualarlos a los argentinos", sentenció el funcionario apoyado por la histórica capacidad del país de recibir y sustentar a migrantes de todas partes del mundo llegados en los peores momentos de adversidad de sus países de origen.