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El máximo tribunal aclaró que no falló sobre el fondo del artículo de tierras, dándole aire al Gobierno. La Rosada negocia una ley propia con límites a compradores extranjeros para evitar que la oposición voltee todo el decreto el 15 de octubre.
En los pasillos de la Casa Rosada respiraron con cierto alivio tras la aclaratoria emitida por la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Tierras. Si bien en Balcarce 50 admiten sin rodeos que el fallo original les generó un conflicto político de proporciones, consideran que la precisión posterior despejó el panorama: el máximo tribunal puntualizó que su sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino sobre la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata para litigar, dejando abierta la vía para futuros planteos y recordando que el Congreso mantiene intactas sus facultades legislativas.
Ese último señalamiento se convirtió en la principal herramienta de negociación para el oficialismo. La conducción parlamentaria libertaria sostiene que el texto de la Corte permite separar de forma definitiva dos discusiones que la oposición intentaba fundir en una sola: el régimen de compra de campos por parte de extranjeros por un lado, y la validez integral del megadecreto por el otro. La intención oficial es ofrecerles a los bloques dialoguistas y a los gobernadores una salida intermedia para que puedan fijar postura sobre el suelo rural sin tener que sumarse a una derogación completa del decreto.
El objetivo de máxima de la Casa Rosada pasa por desactivar el quórum de 129 diputados que la oposición busca consolidar para la sesión especial del próximo 15 de octubre. Dado que el Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024, un revés en la Cámara Baja completaría el mecanismo de la Ley 26.122 y sepultaría definitivamente la norma fundacional de la desregulación económica de Javier Milei. Para evitar que la polémica por la tierra actúe como el imán que una a los bloques opositores con los sectores provinciales indecisos, el Ejecutivo analiza conceder un esquema con topes a compradores extranjeros mediante una ley independiente.
La alternativa que cobra más fuerza es reinsertar este punto dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda tratamiento en Diputados, texto del cual el oficialismo había tenido que retirar el capítulo de tierras por falta de votos. Al aceptar ahora una regulación específica con límites razonables, el Gobierno confía en contener los reclamos de los mandatarios provinciales y despejar los argumentos técnicos de los aliados, quitándole volumen político a la embestida opositora.
