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Valentina Sanz, de 29 años, relató los maltratos que sufrió tras ser arrestada en el aeropuerto de San Francisco. Denunció pésimas condiciones de encierro, comida podrida y el negocio detrás de los centros de detención estadounidenses.
Lo que comenzó como un proyecto laboral temporario terminó en un calvario de encierro, maltrato y deportación. Valentina Sanz, una argentina de 29 años, vivió semanas de extrema vulnerabilidad en los Estados Unidos luego de aceptar una propuesta informal de trabajo que derivó en una estafa: tras cumplir tareas durante tres meses con la promesa de cobrar al cierre del ciclo estival, su contratista la despidió sin liquidarle remuneración alguna, dejándola varada junto a su pareja con apenas USD 200 en los bolsillos y con la visa de turista vencida.
Pese a haber radicado una demanda laboral en California, la joven resolvió continuar residiendo transitoriamente en el país para recomponer su situación económica, radicándose en Maui, Hawái. El quiebre definitivo ocurrió tras viajar al continente para presenciar los partidos de la Selección argentina en el Mundial de fútbol. Durante el viaje de retorno desde Washington, al hacer escala en el aeropuerto de San Francisco, inspectores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le solicitaron la documentación, constataron la irregularidad de su estatus migratorio y procedieron a su arresto inmediato.
La detención estuvo signada por procedimientos denigrantes que la propia damnificada expuso públicamente. Según relató, los agentes federales la inmovilizaron con esposas, la cubrieron con una manta sobre una silla de ruedas para retirarla de la terminal aeroportuaria y la trasladaron a dependencias precarias sin brindarle asistencia legal ni permitirle realizar el trámite en español, su lengua materna.
Posteriormente, Sanz fue derivada al centro de detención migratorio emplazado en California City, una penitenciaría rodeada por el clima extremo del desierto de Mojave, donde permaneció recluida durante 26 días:
Incomunicación inicial: durante seis días no pudo contactarse con su familia ni con el consulado argentino debido a fallas deliberadas en el sistema de asignación de llamadas, debiendo recurrir a la solidaridad de otras presas.
Condiciones insalubres: denunció que el agua corriente no era apta para consumo humano —obligando a derretir cubos de hielo para beber— y que las raciones de comida llegaban con frecuencia en estado de descomposición.
Hostigamiento y desatención: testimonió respuestas degradantes por parte de los guardias carcelarios ante pedidos básicos de higiene personal y la exposición a altas temperaturas en patios exteriores con presencia de alimañas.
La ciudadana argentina cuestionó con dureza el andamiaje que rodea al régimen carcelario migratorio estadounidense, describiéndolo como una estructura orientada a mercantilizar la permanencia de los extranjeros indocumentados. Explicó que, a pesar de manifestar desde el primer día su intención de abordar un avión de regreso por sus propios medios sin interponer recursos judiciales, las autoridades postergaron deliberadamente su expulsión forzándola a permanecer en el establecimiento.
Dado que había concretado su ingreso mediante pasaporte de la Unión Europea, el ICE dispuso procesar su expulsión hacia Italia para evitar una detención adicional de 30 días que habría demorado su derivación a Buenos Aires. Finalmente, la joven arribó a suelo argentino bajo una sanción administrativa que le impone una prohibición de ingreso a los Estados Unidos por diez años, cerrando un episodio traumático que dejó al descubierto las duras prácticas de deportación norteamericanas.
