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Mendoza
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El Ministerio de Economía abre las sobres con ofertas económicas para ocho tramos clave del país. A su vez, Casa Rosada firma el primer convenio con Santa Fe para la cesión y mantenimiento del acceso estratégico al puerto de Rosario.
El Gobierno nacional avanza en la reestructuración del sistema vial mediante el impulso a las concesiones privadas y la descentralización hacia las provincias. En una misma jornada, el Ministerio de Economía encabeza la apertura de ofertas para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y firma el primer convenio de traspaso con la provincia de Santa Fe.
La licitación abarca ocho tramos estratégicos por un total de 3.900 kilómetros en regiones como Cuyo, Litoral y el Noroeste. Con este paso se encamina la privatización de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a través de contratos de concesión por peaje a 20 años, donde las empresas adjudicatarias deberán realizar mejoras de infraestructura previas al cobro de tarifas.
En Casa Rosada, las autoridades nacionales y la gobernación de Santa Fe formalizan la transferencia de las obras y el mantenimiento de la traza A012, acceso clave a los puertos del Gran Rosario. El acuerdo le permite al distrito asentar las tareas de reparación y conservación de este eje agroexportador por un período de dos décadas.
La medida aplica el marco normativo que autoriza a las provincias a gestionar rutas nacionales sin perder el dominio público federal. Para asumir estas funciones, las jurisdicciones deben presentar planes de obras y esquemas de financiamiento, garantizando que la recaudación por peajes se destine exclusivamente al mantenimiento del corredor asignado.
La combinación de privatizaciones viales y delegación de facultades busca ampliar la capacidad logística sin recurrir al financiamiento directo del Tesoro. El Poder Ejecutivo considera este esquema como un motor para dinamizar sectores estratégicos como la minería, el sector agropecuario y la energía.
De esta manera, la administración central busca dar respuesta al estado de las trazas nacionales, habilitando a los gobiernos provinciales a diseñar soluciones locales de financiamiento e inversión para sus corredores productivos más exigidos.
