La causa penal por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que tiene como principales imputados a las figuras del poder político bonaerense sumó un capítulo de alta tensión operativa. Durante la mañana de este lunes 6 de julio de 2026, efectivos de la Policía Federal Argentina ejecutaron inspecciones oculares simultáneas en las propiedades de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, buscando identificar la localización exacta de un video filtrado en junio donde se exhiben cajones repletos de fajos de dólares.

Los procedimientos ordenados por el juez federal Luis Armella se concentraron en el departamento que la modelo habita en el exclusivo sector de Las Cañitas y en la finca que el exintendente de Lomas de Zamora posee en el country club Fincas San Vicente. Mientras tres testigos judiciales indicaron que el vestidor del barrio cerrado no coincide con la estética del material audiovisual, una cuarta declaración aseguró bajo acta que las imágenes fueron tomadas en el inmueble porteño de la calle Ortega y Gasset al 1600.

La recolección de pruebas de laboratorio se complementó con testimonios de allanamientos previos realizados sobre una antigua vivienda de la conductora en Nordelta, donde un acta previa consignó que los herrajes y el mobiliario coinciden de manera indiciaria con el archivo digital. No obstante, en aquel operativo de registro las fuerzas de seguridad solo lograron incautar un remanente de u$s 13.500, alhajas de valor y monedas de oro y plata, volúmenes muy inferiores a los exhibidos en las redes.

El futuro inmediato de la imputación procesal dependerá del peritaje tecnológico que iniciará de forma perentoria este martes la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP). Los ingenieros informáticos del Ministerio Público Fiscal analizarán la memoria del teléfono celular entregado por Cirio para intentar recuperar el archivo matriz de la grabación, un paso que permitirá certificar mediante los metadatos la fecha exacta de captura y la geolocalización de las bolsas plásticas con divisas.

En forma simultánea, el equipo de abogados defensores del exjefe de Gabinete provincial interpuso un escrito de excepción de falta de acción para intentar voltear la validez jurídica de la filmación viralizada. Los letrados de Insaurralde solicitaron la anulación del video argumentando que la prueba posee un origen ilícito derivado de un presunto hackeo informático y posterior sustracción de datos privados, alegando además que se violó la cadena de custodia forense.

El expediente principal, cuya instrucción penal se encuentra delegada en el despacho del fiscal Sergio Mola, mantiene el pedido de declaración indagatoria para el núcleo familiar del exfuncionario bajo la sospecha de operar como testaferros corporativos. A casi tres años del polémico viaje de lujo a Marbella junto a Sofía Clerici, los imputados continúan alcanzados por una medida cautelar de prohibición de salida del país, supeditados al resultado de las pericias contables definitivas.