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La Cámara de Casación Penal, con los votos de Slokar y Borinsky, ordenó revisar la condena a tres años de prisión dictada en 2024. El tribunal consideró que el paso del tiempo extinguió la acción penal. Definirá la Corte Suprema.
La emblemática causa judicial contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la exfuncionaria del INDEC, Beatriz Paglieri, sumó un revés de alto impacto técnico. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la acción penal se encuentra prescripta por el paso del tiempo y ordenó al tribunal oral de origen dictar una nueva resolución en consonancia con este criterio, lo que podría dejar sin efecto la condena por la manipulación de las estadísticas oficiales.
La resolución fue dictada por la Sala II del máximo tribunal penal del país con los votos mayoritarios de los camaristas Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, mientras que el juez Javier Carbajo se pronunció en disidencia al considerar que debían aplicarse los plazos tradicionales de interrupción por ejercicio de la función pública.
El nudo central de la discusión jurídica giró en torno a si la permanencia en el Estado de una de las empleadas absueltas en el juicio, Marcela Filia, lograba congelar los plazos de prescripción para el resto de los acusados. El Tribunal Oral Federal N° 2 había rechazado previamente el planteo argumentando que Filia continuó en funciones dentro del INDEC hasta julio de 2025.
Sin embargo, el voto mayoritario liderado por Slokar determinó que la suspensión de la prescripción por ejercicio de cargo público no opera de manera automática. Los jueces explicaron que es indispensable evaluar si el funcionario en cuestión poseía la capacidad real y la jerarquía interna para obstaculizar el avance de la pesquisa, concluyendo que Filia era una empleada de rango administrativo subalterno que carecía de poder fáctico para entorpecer el proceso judicial.
Moreno y Paglieri habían recibido una condena el 7 de agosto de 2024 a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. El tribunal oral los halló culpables de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos por la adulteración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el último tramo del año 2007.
A pesar del beneficio obtenido en Casación, la suerte definitiva de los exfuncionarios permanece bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que analiza el recurso extraordinario de fondo y que posee la última palabra técnica sobre la validez del procesamiento.
Cabe recordar que el dirigente peronista acumula otras dos condenas con penas de ejecución condicional que ya fueron dejadas firmes por el máximo tribunal: una de dos años y seis meses de prisión por peculado, vinculada al uso de fondos públicos para financiar cotillón político con la consigna "Clarín Miente", y otra de dos años de prisión por el delito de amenazas coactivas durante una asamblea corporativa de la firma Papel Prensa en el año 2010.
