El juez federal Luis Armella resolvió prohibir la salida del país a Martín Insaurralde y a su ex pareja, Jesica Cirio, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Al mismo tiempo, rechazó el pedido de detención solicitado por el fiscal federal Sergio Mola.

La medida judicial establece que los imputados deberán permanecer dentro de un radio de 50 kilómetros del domicilio declarado, salvo autorización previa del tribunal, y tendrán la obligación de informar cualquier desplazamiento que implique una ausencia mayor a 24 horas.

El pedido de detención fiscal se había fundamentado en la existencia de un presunto riesgo de entorpecimiento de la investigación, vinculado a la posibilidad de destrucción u ocultamiento de pruebas.

La causa se originó a partir de la difusión de videos grabados en 2023, en los que se observan grandes sumas de dinero en efectivo dentro de un vestidor atribuido a una propiedad vinculada a Insaurralde en San Vicente. A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos y peritajes, además de la investigación de operaciones financieras y bienes asociados al entorno del exfuncionario.

En ese contexto, el expediente analiza posibles maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con intervención de distintas áreas técnicas y la revisión de documentación bancaria, inmobiliaria y patrimonial.

El juez fundamentó su decisión en varios puntos centrales. Entre ellos, señaló que el material audiovisual aún no fue peritado oficialmente, lo que impide darle valor probatorio definitivo, y que incluso podría corresponder a una fecha anterior al inicio formal de la investigación.

También destacó que los imputados han mantenido una conducta procesal colaborativa, cumpliendo con las presentaciones requeridas y respetando las restricciones impuestas desde el inicio de la causa, lo que reduce el riesgo de fuga o entorpecimiento.

Otro de los aspectos señalados por el magistrado fue la falta de imputación formal y concreta respecto de Jesica Cirio, así como la ausencia de pedido de indagatoria durante el avance de la investigación, lo que fue interpretado como una debilidad en el planteo fiscal.

Asimismo, el juez cuestionó la fundamentación del dictamen del Ministerio Público, al considerar que presentaba inconsistencias que podrían afectar su validez procesal.

En lugar de la detención, se dispusieron medidas restrictivas como la prohibición de salida del país, la obligación de informar traslados, la actualización permanente del domicilio y el compromiso de no obstaculizar la investigación.

La causa continúa enfocada en el origen de los fondos y en la trazabilidad de los bienes vinculados al exintendente y su entorno, en un expediente que incluye peritajes, declaraciones testimoniales y análisis de movimientos financieros.

Fuente: Infobae