La fundación trabaja por el derecho a la salud sexual y reproductiva con foco en VIH/sida, Hepatitis, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades.

Los derechos de la niña "fueron vulnerados demasiadas veces" aseveró la ONG en un comunicado, porque se trata de una menor de edad de 12 años "sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas".
Huésped recordó que "a pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en su caso se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza".
La Fundación consideró que la práctica fue "a fuerza de "profesionales de la salud"" que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo".
También consideran que hubo "intereses políticos" y creencias personales "por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921", en relación al Código Penal argentino que en su artículo 85 establece que el aborto no es punible en caso de violación.