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Mendoza
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El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad dentro de una dependencia municipal. Además del acuerdo económico, el edil enfrenta una causa penal que podría llegar a juicio oral.
El concejal de San Isidro Alberto Montes, electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera un video en el que aparece tocándole la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
El episodio ocurrió en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito. La situación derivó en una denuncia judicial y ahora el funcionario acordó pagar $12 millones de indemnización a la denunciante, aunque la causa penal continúa abierta.
Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año.
Antes de llegar al Concejo Deliberante de San Isidro, trabajaba como inspector de tránsito en el municipio y también se desempeñaba como bombero voluntario.
La denuncia surgió a partir de un hecho registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo Montes ingresa al lugar y toca a una compañera que estaba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
El caso avanzó tanto en el fuero civil como en el penal y se convirtió en uno de los episodios políticos más resonantes del distrito.
En el plano civil, Montes acordó pagar $12 millones a la denunciante, monto que sería abonado en cuotas.
Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos pagos y fue intimado judicialmente.
La situación penal sigue abierta. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre, luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron que el edil continúe en funciones y reclamaron una definición institucional.
Consultado por el caso, Montes sostuvo que hubo un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. También intentó minimizar lo ocurrido al afirmar que se trató de "un chiste", aunque la investigación judicial sigue en curso y será la Justicia la que determine si hubo responsabilidad penal.
