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La Agencia Nacional de Seguridad Vial relevó más de 40.000 kilómetros de rutas y detectó 152 cinemómetros fijos sin autorización nacional. También intimó a jurisdicciones por radares habilitados que no estaban en los lugares registrados.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició un proceso de fiscalización sobre los radares instalados en rutas nacionales y detectó al menos 152 cinemómetros fijos que operaban sin autorización nacional para emitir infracciones.
El relevamiento se realizó durante los primeros meses del año y abarcó más de 40.000 kilómetros de rutas en todo el país. El objetivo del organismo es ordenar el sistema de control de velocidad y verificar que los dispositivos funcionen dentro del marco legal correspondiente.
Antes del operativo, el registro oficial indicaba la existencia de 526 radares autorizados para operar en rutas nacionales: 363 fijos y 163 móviles.
Sin embargo, durante la fiscalización surgieron inconsistencias entre los equipos habilitados y su ubicación real.
De los radares fijos autorizados, solo 239 fueron encontrados efectivamente en los puntos para los que habían recibido autorización.
Otros 124 equipos no estaban en las ubicaciones registradas oficialmente. Por ese motivo, la ANSV intimó a las jurisdicciones responsables para que expliquen su situación.
Si se comprueba que esos dispositivos dejaron de operar o fueron trasladados sin autorización, podrían perder su habilitación.
El hallazgo más relevante fue la detección de 152 radares fijos que operaban en rutas nacionales sin autorización vigente para labrar multas.
Desde el organismo exigieron el retiro de esos equipos y el cese inmediato de su utilización.
Además, la ANSV comenzó a aplicar sanciones sobre dispositivos que presentaban irregularidades. Entre las primeras medidas, revocó permisos de seis radares fijos en Azul, un radar móvil en Exaltación de la Cruz y cuatro radares móviles en Dina Huapi.
También notificó a distintas jurisdicciones para que actualicen verificaciones técnicas vencidas, bajo advertencia de perder las autorizaciones correspondientes.
La revisión abrió un nuevo interrogante para miles de automovilistas: qué ocurrirá con las fotomultas emitidas por radares que no cumplían con los requisitos legales.
Para que una infracción detectada mediante radar tenga validez, el acta debe incluir información precisa sobre el dispositivo utilizado.
Entre los datos necesarios aparecen la homologación, la calibración, la identificación técnica del equipo, la ubicación autorizada, la señalización previa y la autoridad interviniente.
Si alguno de esos elementos no está correctamente acreditado, la multa puede ser cuestionada por el conductor mediante los canales administrativos correspondientes.
Desde la ANSV sostienen que la finalidad del operativo es transparentar el sistema y fortalecer la legitimidad de los controles de velocidad.
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El organismo remarcó que los radares son una herramienta de prevención vial, pero que deben operar con autorización vigente, controles técnicos y señalización adecuada para evitar irregularidades.
La fiscalización continuará en distintas jurisdicciones del país y podría derivar en nuevas intimaciones, revocaciones de permisos y revisiones sobre infracciones ya emitidas.
