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La Cámara de Apelaciones de Tucumán aceptó el recurso de la querella y revisará el sobreseimiento dictado en diciembre de 2025.
La Justicia de Tucumán resolvió reabrir la causa por abuso sexual que involucra a los exjugadores de Vélez Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones, que hizo lugar al recurso presentado por la querella y ordenó revisar el fallo que había cerrado el expediente.
La resolución deja sin efecto la instancia de archivo y habilita una nueva revisión de las pruebas incorporadas a la causa, luego de que en diciembre de 2025 se dictara el sobreseimiento de los cuatro futbolistas.
El punto central del nuevo análisis será la decisión firmada el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid, quien había sobreseído a los imputados al considerar la "inexistencia de delito".
En aquella resolución, el magistrado sostuvo que no se habían reunido elementos suficientes para acreditar la falta de consentimiento en el encuentro ocurrido en el hotel Hilton de Tucumán.
La querella cuestionó esa interpretación y sostuvo que hubo una valoración arbitraria de los hechos. Además, planteó que no se tuvieron en cuenta pruebas consideradas fundamentales, especialmente aquellas vinculadas al estado de vulnerabilidad de la joven denunciante.
A partir de la reapertura, el tribunal superior deberá volver a analizar peritajes tecnológicos, testimonios, mensajes previos al encuentro y registros de cámaras de seguridad del hotel.
El hecho denunciado ocurrió durante la madrugada del 3 de marzo de 2024, después de un partido entre Vélez y Atlético Tucumán.
Según la denuncia de una joven periodista, fue invitada por uno de los futbolistas al hotel donde se alojaba el plantel. Allí, tras ingerir una bebida que le habría provocado malestar, denunció haber sido abusada sexualmente en una habitación.
El caso generó fuerte repercusión pública y llevó a Vélez a activar su protocolo de género. Luego, el club rescindió los contratos de los jugadores involucrados.
Con la decisión de la Cámara, la causa vuelve a quedar abierta y la Justicia deberá definir si confirma el cierre del expediente o si considera que existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral y público.
