La Justicia de Santa Fe detuvo a un técnico de celulares acusado de ayudar a su madre a borrar mensajes de WhatsApp en una causa por balaceras y corrupción policial.
La Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva de Sergio L., un técnico de celulares acusado de haber ayudado a su madre a borrar mensajes de WhatsApp que podían ser relevantes en una investigación por balaceras, presuntos autoatentados y corrupción policial.
El acusado es hijo de Norma Acosta, una activista rosarina conocida por denunciar tramas narco, quien también está involucrada en una causa por falso testimonio y ataques armados. El fiscal Pablo Socca lo imputó como coautor de violación de sellos y documentos, figura vinculada a la manipulación o destrucción de pruebas bajo custodia judicial.
El episodio comenzó el 21 de marzo, cuando el Ministerio Público de la Acusación secuestró el celular de Acosta en el marco de una investigación. Tras recuperar la libertad, la mujer denunció la pérdida del teléfono y solicitó un nuevo chip con el mismo número.
Según la acusación, con esa nueva tarjeta SIM se reunió con su hijo, quien la colocó en otro dispositivo, accedió a la cuenta de WhatsApp usando el correo electrónico de su madre y comenzó a eliminar archivos, imágenes y conversaciones.
Para el fiscal, ambos seleccionaron qué chats borrar con el objetivo de entorpecer la revisión del celular original, que ya estaba en poder de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.
La investigación se conecta con una serie de hechos ocurridos en Rosario, entre ellos una balacera registrada el 7 de mayo en pasaje Larguía al 3400. Dos días antes, se habían realizado allanamientos que terminaron con 16 policías detenidos por un presunto fraude millonario en la compra de combustible para patrulleros.
Según la hipótesis del fiscal Socca, Acosta habría aprovechado ese ataque para presentarse públicamente como víctima de persecución policial. Sin embargo, la investigación sostiene que la mujer habría organizado un autoatentado junto a Juan José Gómez, integrante de la barrabrava de Newell's, para instalar acusaciones falsas contra autoridades policiales.
Acosta y Gómez quedaron bajo prisión preventiva por seis meses. En paralelo, otros jóvenes vinculados a la tribuna rojinegra fueron imputados como coautores de abuso de armas agravado por la participación de un menor.

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En este contexto, el juez Lisandro Artacho consideró que la eliminación de mensajes atribuida a Sergio L. pudo haber afectado la producción de prueba y ordenó su prisión preventiva por 30 días, mientras la causa continúa avanzando sobre posibles conexiones entre violencia urbana, encubrimiento y corrupción policial en Santa Fe.