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Cuatro policías fueron condenados por la muerte de un joven que se arrojó a un río mientras escapaba de una persecución. La Justicia determinó que no lo asistieron pese a sus pedidos de ayuda.
La Justicia condenó a cuatro policías por su responsabilidad en la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que murió ahogado en el río Paraná tras una persecución ocurrida en 2021.
El Tribunal Oral Penal N.º 1 de Corrientes dictó penas de 10 años de prisión para los efectivos, al considerarlos coautores del delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte.
El fallo determinó que los agentes no asistieron al joven, pese a que se encontraba en el agua y pedía ayuda en medio de la situación, lo que resultó clave para establecer su responsabilidad penal.
El caso se remonta a noviembre de 2021, cuando Rosé se encontraba junto a un grupo de jóvenes en la costanera de la ciudad de Corrientes.
Según la investigación, tras un operativo policial se inició una persecución que derivó en que el joven ingresara al río para escapar. En ese contexto, no sabía nadar y no logró salir del agua, mientras los efectivos permanecían en la zona.
Testimonios y pruebas incorporadas al expediente indicaron que, pese a la gravedad de la situación, los policías no intervinieron para auxiliarlo, lo que derivó en su fallecimiento.
Durante el proceso judicial se analizaron distintas responsabilidades entre los agentes que participaron del operativo. Finalmente, cuatro de ellos fueron condenados, mientras que otros imputados resultaron absueltos por falta de pruebas en algunos cargos.
Los condenados no quedarán detenidos de inmediato, ya que la sentencia aún no está firme. Hasta entonces, deberán cumplir medidas restrictivas, como fijar domicilio y presentarse periódicamente ante la Justicia.
La muerte de Lautaro Rosé generó una fuerte repercusión y fue señalada como un caso de violencia institucional, con reclamos de justicia por parte de familiares y organizaciones sociales.
El fallo marca un precedente en relación con la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en situaciones donde las personas quedan en riesgo durante procedimientos policiales.
La causa continuará su curso en instancias superiores, donde se definirá si las condenas quedan firmes o son revisadas.
