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El Gobierno nacional está evaluando la aplicación de sanciones a diferentes gremios y centrales sindicales que encabezan protestas y cortes en rechazo a la reforma laboral, en un intento por desincentivar medidas de fuerza y mantener el orden público en medio de un clima de alto conflicto social.
El Ejecutivo nacional analiza diversas acciones legales, administrativas y económicas contra sindicatos que participaron de cortes de rutas, movilizaciones y huelgas en rechazo a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales consultadas, la intención es desactivar las protestas más disruptivas sin afectar el derecho a la protesta pacífica, pero penalizando conductas que interrumpen el tránsito, la producción y servicios esenciales.
Entre las sanciones en evaluación figura, por un lado, la posibilidad de aplicar multas a las organizaciones gremiales por "daños y perjuicios" ocasionados por cortes de vías públicas que se consideran ilegales o no autorizados. También se estudia la impugnación de personería gremial para algunos sindicatos que, según el Gobierno, incumplieron obligaciones legales durante las protestas.
Otra alternativa que se analiza internamente es la activación de mecanismos contemplados en la ley de asociaciones sindicales y en el Código Penal para castigar a dirigentes o entidades que inciten a la "perturbación de servicios públicos esenciales", con el objetivo de frenar cortes de rutas, accesos y otros puntos estratégicos. Las fuentes indicaron que también podría haber denuncias penales por entorpecer la libre circulación.
El Gobierno además considera la posibilidad de retener subsidios o aportes a gremios que han adoptado medidas de fuerza calificadas como "ilegales o desproporcionadas", y en algunos casos evaluar si se puede aplicar la quita de beneficios fiscales o exenciones a organizaciones sindicales involucradas en las protestas.
Desde el Ejecutivo aseguran que buscan diferenciar entre protestas legítimas y las que violan normas, subrayando que el derecho de huelga está garantizado por la Constitución, siempre que no interfiera con derechos de terceros o con la prestación de servicios esenciales.
"Queremos garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero no avalamos cortes de rutas ni bloqueos que afectan la vida cotidiana del resto de la población", señaló un funcionario del Gobierno, que habló bajo condición de anonimato para explicar la postura oficial.
Frente a esta postura, sectores de la oposición y dirigentes gremiales criticaron la iniciativa, advirtiendo que las sanciones podrían limitar derechos laborales y de protesta, y afirmar que el foco debería estar en el diálogo y la negociación colectiva más que en medidas punitivas.
Por su parte, diversas centrales sindicales ya anticiparon que evalúan acciones judiciales y movilizaciones adicionales si el Gobierno intenta implementar penalizaciones que consideren "inconstitucionales o represivas".
La discusión sobre las sanciones se da en el marco de semanas de fuerte conflictividad social y sindical, con marchas, cortes de rutas como la Panamericana y grandes movilizaciones en el Congreso y en distintas ciudades, en rechazo a los cambios planteados en el mercado de trabajo. El Gobierno sostiene que algunas medidas son necesarias para garantizar el orden público y la libre circulación, mientras que los gremios lo ven como un intento de atemorizar a las bases sindicales.
