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La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, inició citaciones a los contadores que certificaron los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga.
El Gobierno nacional, a través de la IGJ, citó a los contadores que avalaron los estados contables de la AFA y la Superliga de Fútbol Profesional para que expliquen ante el organismo las cifras que hasta ahora no han sido respaldadas con la documentación exigida por ley.
Según la IGJ, las inconsistencias observadas abarcan un total aproximado de US$ 450 millones: unos US$ 111 millones en la AFA y US$ 340 millones en la Superliga, correspondientes a ejercicios desde 2017 hasta 2024 que no contaron con explicaciones claras sobre gastos e inversiones fuera de los estatutos.
Las audiencias están programadas para esta semana, con la presencia del auditor de la Superliga, Fernando Dubois, y de tres contadores de la AFA -Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi- responsables de distintos ejercicios contables.
El plazo límite para que las entidades presenten toda la documentación requerida ante la IGJ vence el 20 de enero, y la falta de respuestas dentro de ese plazo puede derivar en sanciones o en medidas alternativas de control.
La investigación de la IGJ no solo apunta a la presentación formal de balances, sino a la transparencia de los mismos: qué representan las cifras, de dónde provienen los recursos y cómo se utilizaron los fondos, en el contexto de asociaciones civiles sin fines de lucro con beneficios impositivos.
El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, explicó que el organismo busca comprender no solo las sumas globales, sino también los detalles de partidas que podrían no figurar correctamente o haber sido registradas de forma genérica, algo que dificulta verificar su origen y destino real.
Además, Vítolo advirtió que si las explicaciones resultan insuficientes o no se aportan en tiempo y forma, la IGJ podría proponer la designación de veedores contables independientes para acceder a libros y documentación de ambas instituciones, aunque aclaró que esto no constituyen intervención administrativa.
En el comunicado oficial, el Ministerio de Justicia remarcó el principio de que "nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios", y que tanto la AFA como la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos de presentación y transparencia que todas las asociaciones civiles registradas ante la IGJ.
La medida forma parte de un mayor control sobre entidades deportivas con beneficios fiscales y previsionales, y también se enmarca en un contexto en el que el Gobierno ha venido exigiendo mayores niveles de transparencia financiera en organizaciones de gran volumen económico en el país.
