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Un concejal de Olegario V. Andrade, Misiones, fue suspendido por tres meses después de que la familia de dos adolescentes denunciara que él les ofreció un terreno a cambio de salir con él, un caso que generó indignación y cuestionamientos por la falta de medidas de protección.
El pasado 3 de enero, dos adolescentes de 14 y 16 años que caminaban por las calles de Olegario V. Andrade fueron abordadas por un concejal del lugar identificado como Raúl K., según la denuncia presentada por su familia ante la Unidad Regional VI de Policía de Misiones.
El funcionario se acercó a las jóvenes mientras regresaban de comprar en una carnicería, las elogió y las invitó a "tomar un helado" en la localidad vecina de Cerro Azul. La situación escaló cuando, al negarse, el acusado les ofreció a las chicas un terreno a cambio de aceptar la invitación, según detalló el padre de las menores.
El hecho fue denunciado penalmente por la madre de las adolescentes por hostigamiento y acoso sexual, abriendo un expediente en el Juzgado de Instrucción Nº 5 con asiento en Alem.
Ante la gravedad de los hechos, el Concejo Deliberante de Andrade decidió suspender al edil por tres meses de sus funciones mientras continúa la investigación judicial, según confirmaron fuentes municipales.
Sin embargo, la familia de las jóvenes aseguró que las primeras respuestas de las autoridades no fueron adecuadas. Según el padre, inicialmente no quisieron tomar la denuncia, sino que solo hicieron una exposición en la comisaría antes de formalizarla como denuncia penal.
Además, señaló que la única medida de restricción dispuesta fue una perimetral de 300 metros firmada por la Policía local, pero sin aval judicial, lo que en un pueblo pequeño -dijo- no garantiza seguridad efectiva: "Es algo grave, y más aún porque fue hacia menores de edad", manifestó.
Las adolescentes, según su padre, han quedado temerosas de salir de su casa tras el episodio, lo que refleja el impacto emocional de la situación. "Hoy no quieren salir de la casa, están asustadas", dijo el progenitor al relatar cómo viven las menores la situación tras lo ocurrido.
La familia reclama ahora que el Juzgado interviniente dicte medidas de protección formales, como una orden de restricción judicial y acompañamiento psicológico de acceso estatal para las adolescentes, además de que la causa avance con diligencia.
Hasta el momento, el concejal acusado no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias. De acuerdo con medios locales, se limitó a señalar que la causa "permanece bajo reserva" y que su "defensa aún no ha tenido acceso al expediente judicial".
La investigación sigue en curso, y la causa podría derivar en imputaciones más graves si se confirman elementos que acrediten el acoso a menores, delito que en Argentina es perseguido con severidad por el Código Penal cuando involucra a adolescentes en contextos de abuso de autoridad o aprovechamiento de su condición vulnerable.
