A partir de ahora, las mujeres y personas LGBT+ que deseen acceder a esta asistencia deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial.
El Gobierno Nacional ha anunciado modificaciones en el programa Acompañar, destinado a apoyar a víctimas de violencia de género. A partir de ahora, las mujeres y personas LGBT+ que deseen acceder a esta asistencia deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial, según lo establecido en el decreto 755/2024 publicado en el Boletín Oficial.
Anteriormente, para acceder a la prestación del programa solo se requería un informe social emitido por un dispositivo de atención oficial de violencias, ya fuera a nivel local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con los nuevos cambios, además de este informe social, se deberá presentar una denuncia formal de violencia por motivos de género. Esta medida aplica a toda persona mayor de 18 años residente en Argentina, sea ciudadana nativa, por opción, naturalizada o extranjera con residencia permanente.
Las modificaciones también incluyen un recorte en la duración de las prestaciones económicas. A partir de ahora, las personas beneficiarias recibirán una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante tres meses consecutivos, en lugar de los seis meses que se otorgaban anteriormente. Esta ayuda será "no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva".
Desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, se justificaron estas medidas afirmando la necesidad de corregir irregularidades detectadas en la gestión anterior del programa. Según fuentes ministeriales, los subsidios del Plan Acompañar se habrían otorgado de manera discrecional y con fines políticos. Actualmente, se está llevando a cabo una auditoría para revisar y organizar la entrega de estas ayudas.
El decreto ya ha entrado en vigor, y el gobierno ha subrayado que el objetivo del programa sigue siendo promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo por violencia de género, proporcionando tanto apoyo económico como el fortalecimiento de redes de acompañamiento para facilitar un proyecto de vida autónomo y libre de violencia.