Lo acusa de imponer un "doble estándar", según se trate de aplicar sanciones contra ella o contra las empresas locales involucradas en la investigación fundada en los cuadernos de la corrupción, según surge de los expedientes judiciales y administrativos a los que accedió LA NACION.

Odebrecht planteó que el Estado le impuso una suspensión preventiva en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) a mediados de 2017 y, por lo tanto, le impidió desde entonces competir en nuevas licitaciones, basado en las noticias provenientes de Brasily de Estados Unidos y en los balances que la propia constructora le presentó. Pero, sostuvo la compañía brasileña, el Estado actuó de manera muy distinta -o, en realidad, directamente no actuó- ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina.

El objetivo de Odebrecht, aclaró, no es obtener un resarcimiento del Estado argentino -aunque dejó la vía abierta para eso- ni que suspendan a las firmas locales en el Registro de Constructores. Pero sí reclamó que levanten su suspensión, le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública.

La ofensiva judicial de Odebrecht dio su primer y silencioso paso en julio pasado, cuando pidió una medida cautelar que cayó por sorteo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de Macarena Marra Giménez, movida que un mes después complementó con la radicación de una demanda.

Según explicó Odebrecht, el Registro dispuso su suspensión por un año el 3 de julio de 2017. Transcurridos 14 meses y una semana -y ante el silencio del Estado-, la constructora pidió su rehabilitación, pero chocó con una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos, en curso o concluidos, que afronta en la Argentina o en el exterior, "haciéndose tales requerimientos extensivos a cualquier compañía del grupo económico, sean subsidiarias o controladas, sucursales o filiales".

La firma brasileña tomó la requisitoria del Registro (por entonces dependiente del Ministerio del Interior) como una jugada para demorar su rehabilitación que evidenciaba "el doble estándar existente en este caso". Porque mientras Odebrecht continúa suspendida, remarcaron los brasileños, el Registro no ha "generado hasta el momento ningún acto concreto" sobre las empresas involucradas en los cuadernos de la corrupción por las confesiones de sus propios dueños y algunos de sus máximos ejecutivos.

Ante ese panorama, Odebrecht decidió pasar a la ofensiva. Solicitó a la Justicia que le ordene al Registro Nacional de Constructores que informe cómo actuó ante otras "empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades".

Según reconstruyó LA NACION sobre la base de fuentes oficiales, el Registro suspendió a 20 empresas, por lo menos, desde diciembre de 2015. Entre ellas, Odebrecht, la constructora CPC, de Cristóbal López, y también Isolux (responsable de la construcción de la central térmica de Río Turbio), pero a ninguna firma mencionada en los cuadernos de la corrupción.

Por el contrario, algunas empresas señaladas en esa investigación, en el capítulo argentino del Lava Jato o en causas vinculadas a la "ruta del dinero K", como Esuco y Decavial (ambas de Wagner), Roggio, Cartellone, Supercemento o Juan Felipe Gancedo, y las brasileñas Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Tiisa y Alumini Engenharia, afrontan "procesos abiertos" y se encuentran bajo "seguimiento" en el Registro, pero sin suspensiones aún.

Para reforzar sus reclamos sobre el "doble estándar", Odebrecht aportó copias de artículos periodísticos en los que se informó que Ángelo Calcaterra(por Iecsa, socia de los brasileños en las obras para soterrar el tren Sarmiento) y Juan Carlos de Goycoechea (por Isolux-Corsán), al igual que referentes de Techint, Roggio, Corporación América y Albanesi, entre otros, admitieron pagos ilegales, y que el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner(dueño de Esuco) detalló cómo operó el "club de la obra pública" durante años.

Al responder la demanda, el Ministerio del Interior rechazó los reclamos de Odebrecht. Planteó que el reclamo carece de sustento y no explica de "forma precisa y concreta dónde y en qué circunstancia el [Registro] habría aplicado criterios divergentes a una misma situación". Y aclaró que el Registro "no toma las publicaciones de la prensa como elementos para sustentar sus resoluciones", sino como meros "indicios".

Así, según la defensa del ministerio, mientras Odebrecht aportó balances al Registro con detalles de sus auditores sobre la operatoria delictiva detectada en el Lava Jato, "a la fecha no surge de los legajos de otras empresas constructoras ni de los artículos periodísticos acompañados por Odebrecht (suficientemente negados) que concurran similares elementos a los que fueron considerados en las resoluciones impugnadas y que, en consecuencia, hayan ameritado la suspensión de un eventual trámite de esos constructores".

La primera respuesta de la Justicia fue contraria a los intereses de Odebrecht. La jueza Marra Giménez consideró que las novedades judiciales provenientes de los cuadernos de la corrupción excedían "el marco del presente proceso". Pero la demanda contra el Estado para discutir la suspensión -y eventual rehabilitación- en el Registro de Constructores sigue su curso.

(La Nación)