El juez federal Ariel Lijo procesó hoy al ex director de la AFIP Ricardo Echegaray, a la ex presidente de la Casa de Moneda Katya Daura y al banquero Jorge Brito por maniobras vinculadas a facilitar la adquisición de la ex imprenta Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión ligado al ex vicepresidente Amado Boudou, ya condenado y detenido por este caso.

En el caso de Echegaray, quedó procesado como autor del delito de abuso de autoridad por "haber cambiado su posición respecto del otorgamiento de la conformidad de la AFIP para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, en un lapso de dos días sin justificación".

Echegaray no podía "variar de manera legítima sustancialmente el carácter de la conformidad prestada", es decir primero se negó a autorizar un plan de pagos para que Ciccone levantase la quiebra y luego lo autorizó. Daura, Brito y los demás acusados quedaron procesados como partícipes de negociaciones incompatibles.

"La inclusión de Katya Soledad Daura en la maniobra no resulta casual, teniendo en cuenta los vínculos que la unen con Amado Boudou. En ese orden, mientras se estaba desarrollando la maniobra investigada en autos, en febrero de 2011, Daura fue nombrada como presidente de Casa de Moneda. Es decir, cuando Amado Boudou necesitó tener a una persona de confianza en un puesto estratégico", sostuvo el juez sobre el ahora ex funcionario que en ese entonces era ministro de Economía del kirchnerismo.

En cuanto a Brito, el juez consideró probada la intervención del entonces dueño del banco Macro "en la etapa del gerenciamiento de la firma" a través de dos ejecutivos de la entidad, Francisco Sguerra y Máximo Lanusse, también procesados por el mismo delito.

Lijo procesó a todos por la maniobra por la cual Boudou junto al también ya condenado y preso José María Nuñez Carmona adquirieron la empresa quebrada a la familia Ciccone cuando el primero era Ministro de Economía para lo cual usaron una sociedad The Old Fund y pusieron al frente a Alejandro Vandenbroele, un testaferro que ahora es arrepentido en el caso.

La finalidad era quedarse la empresa para contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentos oficiales.

Además el juez citó a declaración indagatoria a Claudio Tristán, de la Casa de Moneda y sobreseyó a otros 15 imputados. Fuente: Télam.-