El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciadas este domingo por atentado a la salud pública y por sedición tras haber impulsado "una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021", lo que según la denunciante implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
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La denuncia fue presentada este domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.
En la denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó "en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes".
Sin embargo, siguió la denunciante, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen "realizar lo que el DNU prohíbe", como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días, en el caso del jefe de gobierno al presentarse ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció "que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)" para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también "las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos".
Por otro lado, la denunciante planteó que las medidas dispuestas en el decreto 241/2021 son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.
Por último, Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta prevista en el artículo 205 del Código Penal (atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años) y del artículo 230 inciso 2 (sedición, al que según el Código Penal le corresponde una pena de 1 año a 4 años), "al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción".
Según explicó, el descenso se explica en un 90% por la baja en Rosario atribuida al Plan Bandera, una estrategia de intervención profunda contra el narcotráfico.
Entre las modificaciones más destacadas, el decreto autoriza al Estado a cobrar por la atención sanitaria y la educación universitaria a los extranjeros que no tengan residencia permanente, y endurece los procesos de deportación.
La medida fue firmada por el fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, junto a los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
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A bordo viajaban nueve pasajeros y un piloto, quienes perdieron contacto con los controladores aéreos poco antes de llegar a su destino.
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La controversia surgió luego de que Georgieva, al elogiar las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, manifestara: 'Es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se esté materializando, pero insto a Argentina a que mantenga el rumbo'.
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