La propuesta consiste en que la empresa agroexportadora sea gerenciada por acreedores afines al sector, como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA). Además, plantea que el Gobierno Nacional debe limitarse a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación, al igual que deben hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias.

La iniciativa es encabezada por Sebastián García De Luca, un hombre estrechamente ligado a Emilio Monzó y que en la gestión de Cambiemos fue viceministro de Interior, cartera que lideraba Rogelio Frigerio.

"Ratificamos nuestro total rechazo a la expropiación de Vicentin por parte del Gobierno. Y elevamos una propuesta al Juez del concurso para que la empresa sea gerenciada por acreedores privados afines a la dinámica del sector, como las cooperativas ACA y AFA", tuiteó el autor del proyecto.

"La única urgencia de las medidas que se tomen en torno a Vicentin tiene que ser mantener los puestos de trabajo y honrar las deudas con productores, respetando el proceso judicial en marcha", continuó.

Suman sus firmas a la iniciativa los diputados Domingo Amaya, Juan Aicega, Humberto Orrego, Felipe Alvárez, Martín Grande, Gabriel Frizza, Federico Frigerio, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres y Gustavo Hein.

La propuesta excluye al Estado del proyecto y estipula que el juez del concurso sea quien establezca como administradores de Vicentin a acreedores que tengan dominio del sector.

Asimismo, se sugiere conformar una gerencia de producción y otra de reestructuración de la deuda, que permanecerán activas hasta tanto se logre la recuperación financiera de la empresa. La gerencia de producción deberá garantizar el pago inmediato de las deudas que Vicentin contrajo con pequeños productores que hoy atraviesan serias dificultades económicas, mientras que la gerencia de reestructuración de la deuda deberá buscar inversores nacionales para recuperar la empresa y garantizar el funcionamiento a futuro de la misma.

"Tanto en términos legales como económicos es un despropósito que el Gobierno avance con la expropiación de una empresa del sector más competitivo del país mientras tantas pymes atraviesan graves dificultades producto de la pandemia. La única urgencia tiene que ser salvar esas y otras fuentes de trabajo", consideró De Luca.