La pobreza multidimensional, que además de ingresos pondera otras carencias de derechos básicos, afecta en el país a por lo menos 15.750.000 personas, de acuerdo con una proyección de ese 37,5% sobre la población urbana total.
Un año antes, ese mismo indicador de la UCA se ubicaba en 31,4%, lo que significa que en un lapso de 12 meses 1.428.000 argentinos cayeron en situación de pobreza.
El relevamiento contempla las siguientes seis dimensiones: Seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos; Conexión a cloacas, agua corriente y energía; Vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio; Sin basurales, fábricas contaminantes ni espejos de agua contaminados; Asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo; Con ingreso por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas.

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Es decir, este indicador elaborado por la UCA pondera otros cinco aspectos más, a diferencia del dato sobre pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la base de los ingresos y que en el primer semestre de 2019 arrojó un porcentaje del 35,4%.
Pese al incremento de 6,1 puntos porcentuales en un año, la UCA señaló que en algunas de las dimensiones más estructurales se produjeron mejoras entre las mediciones de 2018 y 2019.
En este sentido, las personas con carencias en conexión de cloacas, agua corriente y energía (es decir, servicios básicos) pasaron de 34 a 33,5%, mientras que los relevados en zonas con basurales, fábricas contaminantes y/o agua contaminada (problemas medioambientales), de 33,8 a 31,2%.

Sin embargo, las personas con déficit relacionado con una vivienda adecuada en su tipo, materiales, servicio sanitario y espacio pasaron de 27,1 a 27,2%; de asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo, de 12,3 a 12,5%, o con ingresos por empleo registrado o jubilaciones o pensiones contributivas, de 31,3 a 33%, según reportó el diario La Nación en su página web.
El número más significativo tuvo que ver con el déficit en seguridad alimentaria y acceso a atención médica y a medicamentos, que en doce meses pasó de 28,2 a 32,2%: fue la dimensión, de todas las que conforman el indicador, que más empeoró.