Así lo determinó el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a partir de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La entidad informó a través de un comunicado de prensa que la causa se inició tras una querella de la AFIP, luego de las tareas de fiscalización correspondientes, las cuales probaron que los directivos de la empresa retenían los aportes jubilatorios de sus trabajadores en lugar de ingresarlos al sistema nacional de seguridad social.
La Justicia determinó que los empresarios tenían injerencia en el manejo de la imprenta y resolvió no hacer lugar a los planteos de sobreseimiento.
El Régimen Penal Tributario y Previsional establece para este tipo de delitos una pena que oscila entre 2 a 6 años de prisión.