Al definir una cuestión de “competencia” entre la justicia penal de esta capital y la provincial, la Corte, por unanimidad, declaró que “deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Primer Juzgado de Instrucción en lo Penal de San Juan”. 

La causa se originó a fines de 2016 cuando cinco empresas, Caleras San Juan, Albors, Cefas, Sibelco y FGH, denunciaron haber recibido presiones relacionadas con el pago de una supuesta deuda por aportes sindicales.

Las caleras denunciaron que el sindicato había bloqueado las salidas de las plantas de las compañías.

La acción penal, patrocinada por el abogado Martín García Santillán, había quedado radicada ante el Juzgado de Instrucción 4 de esta capital, con el argumento que entre los clientes de las caleras figuraban empresas con sede fuera de la provincia como Acindar, Siderar y Aguas Argentinas.

Según trascendió, el gremio de los Choferes de Camiones reclamó una deuda de 457.504.429 de pesos correspondientes a aportes a la obra social y de contribuciones al sindicato por cinco años, correspondientes a los períodos de agosto de 2011 al mismo mes de 2016.

Las caleras sostienen que se trata de una deuda calculada de modo ilegal y sostenida con actos delictivos, como el corte de rutas.

Hace tres meses, en esta ciudad, fue elevada a juicio una causa en la que siete dirigentes de ese sindicato están procesados por por supuestos delitos de “asociación ilícita” y “extorsión”.

Se trata de la causa que inició en 2017 Nancy Pastorino, la propietaria del Expreso Pontevedra, una empresa familiar de transporte de carga de la localidad bonaerense de Merlo, que denunció haber sido presionada para firmar cheques para cumplir con una deuda de, entonces, casi 2.000.000 de pesos.

La resolución de la Corte que declaró la competencia de la justicia penal ordinaria de San Juan fue firmada por su presidente Carlos Rosenkrantz, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.