El condenado, Bruno Hernández Vega, después de matar a sus víctimas, las trozó y destruyó sus cuerpos en una picadora industrial ubicada en el sótano de una vivienda suya en la localidad madrileña de Majadahonda, próxima a la capital española.

En su sentencia, el TS desestimó el recurso interpuesto por Hernández contra lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo había condenado después de que un jurado popular lo considerara responsable de las muertes de su tía Liria Hernández y de su inquilina Adriana Beatriz Gioiosa, informó la agencia EFE.

La defensa pedía la eximición por la esquizofrenia paranoide del acusado, alegando que habría anulado sus facultades mentales cuando asesinó a su tía en 2010 y a su inquilina en 2015.
Pero la sala del Supremo que resolvió su recurso, solo vio una "limitación leve de las facultades mentales del acusado" y destacó que los especialistas señalaron que "en todos los delirios el nivel de conciencia, la inteligencia y la memoria no aparecen alterados".
Los magistrados consideraron que el condenado actuó "planificando y desarrollando diversas acciones en un periodo de tiempo dilatado para prepararlos y encubrirlos primero, y para aprovecharse de sus efectos después, lo que no parece compatible con una anulación o alteración grave de las capacidades mentales".
Según la sentencia de 2017, el condenado cargó a la cuenta de su tía recibos por más de 33.000 euros y simuló su firma en un contrato de arrendamiento de la vivienda de Majadahonda a Adriana Beatriz Gioiosa.
Durante su declaración en el juicio, Bruno Hernández negó haber cometido los crímenes de su tía y de la inquilina, de quienes no recordaba nada, y se limitó a explicar su pertenencia a una hermandad secreta, llamada "ER", junto a importantes líderes mundiales.