"Se alcanzó el grado de certeza necesario para que se condene a José Francisco López como autor del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público", sostuvieron los abogados de la OA durante los alegatos que continuarán mañana.

"Esta querella pública pedirá en esta acusación a José López, el protagonista central de este caso, la aplicación de pena máxima de prisión que establece el Código Penal y los máximos de las multas también previstas", que son de seis años de cárcel, una multa equivalente al total del monto del enriquecimiento ilegal y la inhabilitación perpetua, adelantaron los abogados de la OA.
Los letrados de la OA aseguraron que el dinero con el que fue encontrado López era suyo y que el enriquecimiento constó además de su imposibilidad de justificar dos inmuebles (uno en Tigre y otro en la Ciudad de Buenos Aires) que ocultó con testaferros.
Los supuestos testaferros de López, según la acusación, serían su ex esposa María Amalia Díaz, los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez y Carlos Gianni y el abogado Artemio Marconi.
El Código Penal dice que se aplicará "reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50 por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua" el funcionario público que "no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
La jornada comenzó con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF), que no pudo pedir penas para los acusados porque se incorporó a la causa una vez elevada a juicio oral, según explicaron fuentes judiciales.
La UIF dio por probado que los nueve millones de dólares que el detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo intentó esconder en un convento de General Rodríguez le pertenecían, y sostuvo que además de enriquecimiento ilícito hubo lavado de activos.
"Ha quedado acreditado que el dinero era de López", sostuvieron también los letrados de la UIF al iniciar el alegato final ante el Tribunal Oral Federal 1 que juzga a López y a otros acusados por haber actuado como testaferros o encubridores.
Para la UIF, López dio dos versiones sobre el origen de los dólares que tuvo escondidos en su casa de Dique Luján, en Tigre, hasta que los trasladó al convento la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue sorprendido y quedó preso.
"Hay contradicciones de López; en un primer momento, dijo que los dólares escondidos en su casa, la que compartía con María Amalia Díaz, provenían de la política, y luego dijo que se lo dieron", sostuvo la querella en alusión a una versión del ex funcionario según la cual los escondió por orden de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner.
López es actualmente imputado colaborador en la causa de los "cuadernos de la corrupción", tras haber declarado en ese sentido ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.
Pero para la UIF "esto de ningún modo ha quedado acreditado, sino que ha quedado acreditado que el dinero era de López". También sostuvo que además de enriquecimiento hubo "lavado de activos".
"El dinero es de López y eligió llevarlo a un lugar de su confianza donde sabía que le iban a brindar colaboración para ocultarlo", agregó la querella.
"Estos fondos no tienen explicación, no se encuentran justificados de ningún modo", concluyeron los abogados de la UIF.
Además se aludió a testigos que a lo largo del juicio declararon haber llevado relojes Rolex a la casa de López, como los que se encontraron junto al dinero, y en particular un testimonio que remarcó que en la madrugada de los hechos el ex funcionario estaba solo frente a la entrada del convento.