Con la mayoría de los familiares de las víctimas fatales presentes aunque desvinculados formalmente del debate, mañana comenzará en Rosario el juicio oral y público a 11 personas por la explosión en Salta 2141. Con nombre y número, así se recuerda en la ciudad el incendio y el derrumbe de un edificio, los cuales marcaron un antes y un después en la historia local.

El dilatado proceso penal para dar con los responsables del estallido que provocó la muerte de 22 vecinos y dejó más de 60 heridos comenzará a las 8.30 en el Centro de Justicia Penal. Allí se concentrarán parientes y amigos. En el tiempo transcurrido desde el 6 de agosto de 2013, la mayoría de los damnificados acordó una compensación económica de parte de la concesionaria Litoral Gas a cambio de no presentarse como querellantes. Sin embargo, sostienen su reclamo y asistirán desde el inicio a las audiencias además de manifestarse puertas afuera de las instalaciones.

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"Va a ser largo, doloroso y va a volver a mover eso que alguno se empezó a tapar", anticipó Marcela Nissoria. La viuda de Hugo Montefusco reconoció que incluso un fallo favorable en esta instancia "nunca va a satisfacer a las familias de calle Salta", pero al menos permitirá "calmar un poco el alma" frente a tanto sufrimiento. Mucho después de que se apagara el fuego y se removieran los escombros, el grupo que reclamó el avance de la causa siguió padeciendo hasta llegar a los vaivenes burocráticos del juicio. En este sentido, la rosarina remarcó: "Nos atravesó con mucha angustia que la fecha se iba posponiendo constantemente".

Ya con la piel curtida de tanto pelear y golpear puertas para el Estado los atienda, Nissoria advirtió que el duelo "nunca fue privado porque la causa fue pública". En el medio hubo otros conflictos dolorosos e íntimos como la decisión de no presentarse como querellantes ante el riesgo de hacerse cargo de las costas del proceso o una demanda en su contra. "Ya perdimos demasiado como para someternos de nuevo", sostuvo sobre el arreglo extrajudicial.

La familia de Débora Gianángelo, la estudiante de Derecho fallecida y oriunda de Arteaga, es la única que participará con representación legal. Desde el estudio que los patrocina ratificaron que pedirán la condena de los 11 implicados. De esta manera asomó una primera diferencia en cuanto a la estrategia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el cual desistió de imputar a un gasista y a uno de los inspectores procesados en febrero de 2014.

La resolución del equipo de fiscales que integra Graciela Argüelles, encargada de la pesquisa en primera instancia, alcanza a José Luis Allala, contratado para revisar la conexión del servicio dos semanas antes de la fuga que desencadenó la tragedia. Al igual que en el caso del reclamista Gerardo Bolaños, los funcionarios judiciales consideraron que no hay elementos suficientes para que el tribunal bajo la figura de estrago culposo agravado seguido de muerte.

La pena máxima en expectativa es de 5 años de prisión efectiva, de acuerdo a la calificación legal. La lista de acusados incluye al gasista Carlos Osvaldo García y su ayudante Pablo Miño, quienes esa mañana fueron a cambiar el regulador en la planta baja del inmueble que tenía tres torres de diez pisos. Por el lado de la empresa prestadora estarán sentados en el banquillo la gerenta técnica Viviana Leegstra, el jefe de inspectores Claudio Tonucci y dos de sus subordinados: Guillermo Oller y José Luis Curaba. La Justicia también se expedirá sobre la responsabilidad de Carlos Repupilli, Mariela Calvillo y Norma Bauer, administradores del consorcio.

Las audiencias se pondrán en marcha a 2.101 días de la jornada en la que se activó un operativo de casi una semana en busca de heridos y sobrevivientes. Desde entonces, los restos del edificio fueron demolidos y el Gobierno provincial expropió el lugar para construir un memorial junto con la nueva sede del Instituto Superior del Profesorado de Música. Más de 130 testigos fueron citados para comparecer en relación a la explosión frente al tribunal integrado por Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva y estiman que la sentencia de primera instancia será dictada a mediados de junio.

La resolución que se anunciará entonces es lo que las familias golpeadas por la tragedia anhelan conseguir como el segundo de los objetivos que se plantearon al levantar las banderas de memoria y justicia. "El primero ya lo logramos con la expropiación porque ahí va a funcionar nuestra asociación civil", destacó Nissoria. En esa misma línea argumentó que faltan otros directivos de la empresa de gas entre los acusados. Así remarcó además la necesidad de cambiar la normativa y el sistema de distribución para que nunca más se registren escenas de catástrofe como las que empujan las lágrimas en cada acto aniversario con el sonido de las sirenas.

Rosario. Corresponsalía.

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