La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un nuevo paso en la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal II, sancionada en septiembre por el Congreso, al reglamentar el procedimiento para que los contribuyentes puedan solicitar una reducción del 50% en las multas por infracciones formales. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5927 publicada en el Boletín Oficial, donde se fijaron los requisitos y plazos para acceder al beneficio, que alcanza sanciones vinculadas a retrasos o incumplimientos de deberes formales que no implican omisión o pago insuficiente de impuestos.

De acuerdo con la normativa, la quita rige para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs tramos 1 y 2), personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, mientras que quedan expresamente excluidos los Grandes Contribuyentes. Podrán incluirse penalidades previstas en los artículos 38 y 39, vencidas desde el 2 de enero de 2026 por infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026 —como la presentación fuera de término de documentación requerida por el organismo—, siempre que no se encuentren firmes o, estándolo, aún no hayan sido canceladas.

Requisitos, plazos y reparos de los especialistas

Para obtener la rebaja, los contribuyentes deberán cumplir formalmente con la obligación omitida que dio origen a la sanción hasta el próximo 18 de diciembre de 2026, inclusive. En aquellos expedientes que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, se exigirá además una presentación digital específica a través del servicio web de ARCA dentro del mismo plazo, trámite que implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por el saldo remanente y el reconocimiento del reclamo del organismo.

Pese al alivio que supone la quita, especialistas tributarios advirtieron que los montos resultantes continúan siendo elevados para la realidad financiera de las pymes. El contador Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, sostuvo que si bien la reducción es bienvenida, resulta insuficiente incluso si se la acumula con la rebaja adicional del 25% contemplada para determinados supuestos en la Ley de Procedimiento Tributario.

En esa línea, el tributarista ejemplificó que, aun aplicando ambas quitas, afrontar una sanción de $3.750.000 por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, un balance en formato PDF u otra obligación similar representa un desembolso que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no puede costear, por lo que reclamó que este tipo de penalidades guarden proporción con la gravedad de la falta y la capacidad contributiva para no comprometer la continuidad operativa de las firmas.