· Domingo1 de febrero de 2026 · · 13°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 13°C
El Ministerio de Economía adjudicó el 90% de las acciones estatales de AySA al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor por u$s340,2 millones. El contrato de compraventa deberá rubricarse antes del 13 de noviembre.
El Ministerio de Economía adjudicó formalmente la licitación pública nacional e internacional para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en manos del Estado nacional. La operación se resolvió a favor del consorcio conformado por las firmas Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA, tras presentar una propuesta económica de u$s340.200.000 sin IVA.
La medida quedó plasmada a través de la Resolución 1818/2026, suscripta por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La normativa estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para suscribir el contrato definitivo de compraventa de las 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A y facultó a la Tesorería General de la Nación a habilitar la cuenta receptora de los fondos. En segundo término del orden de mérito se ubicó el grupo integrado por Benito Roggio e Hijos, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre, cuya oferta alcanzó los u$s285 millones.
El proceso de desprendimiento de activos se enmarca en la declaración de empresa sujeta a privatización contemplada en la Ley Bases (Ley 27.742) y los decretos reglamentarios que autorizaron la cesión de la totalidad de la participación pública a un único operador estratégico, procedimiento licitado a través del portal oficial CONTRAT.AR.
Pese a la convalidación administrativa sustentada en valuaciones técnicas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la adjudicación desató fuertes cruces políticos. Dirigentes opositores y representantes de la Defensoría del Pueblo bonaerense advirtieron sobre presuntos conflictos de interés, al señalar que firmas vinculadas al grupo controlante de Rowing aportaron fondos a la campaña porteña de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.
En paralelo, legisladores nacionales de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones radicaron una presentación judicial ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para solicitar la revisión integral del concurso. La denuncia objetó el apartamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación del cálculo patrimonial, la reserva dispuesta sobre los informes de valuación y el cierre de la venta en una cifra sensiblemente inferior a las estimaciones gubernamentales iniciales, que calculaban un piso de u$s500 millones.
