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La querella solicitó el secuestro de correos y servidores de la autoridad monetaria para indagar sobre las operaciones con derivados financieros. La denuncia apunta a Luis Caputo, Santiago Bausili, Juan Curutchet y Nicolás Ferro.
El frente judicial en torno a las operaciones financieras con las reservas de oro sumó un nuevo capítulo tras la ampliación de la denuncia penal que impulsa el abogado Gregorio Dalbón. La presentación solicita una orden de allanamiento y copia forense sobre los servidores y correos electrónicos del Banco Central (BCRA), con el propósito de asegurar contratos, mensajes oficiales y documentación interna intercambiada con entidades bancarias internacionales durante los períodos 2024 y 2025.
La ofensiva legal alcanza de manera directa al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y añade ahora como imputado a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área y director de la entidad. El letrado pidió formalmente que los cuatro funcionarios sean citados a prestar declaración indagatoria bajo los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventual asociación ilícita.
Uno de los focos determinantes del escrito apunta al rol desempeñado por el Deutsche Bank como presunta contraparte de los contratos de derivados sobre el metal argentino. La sospecha de la querella gira en torno a cómo se estructuraron las coberturas —consistentes en vender derechos de compra por encima de los 3.000 dólares por onza cuando la cotización superaba los 4.000— y a la eventual percepción de honorarios o márgenes no aclarados, estimándose que las comisiones intermediarias habrían superado los 60 millones de dólares.
El planteo remarca que tanto Caputo como Bausili mantuvieron antecedentes laborales en la banca alemana en el pasado, argumento por el cual el denunciante solicitó indagar los criterios aplicados para seleccionar a la entidad y certificar los controles de transparencia. Dalbón remarcó que el BCRA habría retaceado la entrega de los contratos originales a la Auditoría General de la Nación (AGN), justificando la urgencia del secuestro judicial electrónico para evitar la alteración o supresión de registros probatorios.
La causa judicial tomó impulso a partir del informe técnico sobre los balances contables de la autoridad monetaria al cierre de 2025, aprobado formalmente por la AGN mediante la Resolución 205/2026. En dicho relevamiento se certificó un resultado negativo equivalente a 1.023 millones de dólares derivado de las opciones financieras con el oro como activo subyacente, desglosado en 960,2 millones de dólares por saldo operativo adverso y 62,8 millones de dólares en concepto de pago de primas.
Para determinar si la operatoria configuró un daño patrimonial intencional al erario público, la denuncia solicitó exhortos de cooperación internacional ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores, sumados a la designación de un cuerpo pericial contable que audite exhaustivamente los costos integrales y la justificación técnica de las transacciones.
