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El indicador de J.P. Morgan subió más del 50% desde julio y cerró en 609 puntos básicos. El freno en las compras de divisas del Banco Central, la suba de rendimientos en Wall Street y las dudas sobre el financiamiento para 2027 presionan a la deuda.
El riesgo país argentino encendió las señales de alarma en el equipo económico al cerrar la semana en 609 puntos básicos, tras acumular diez jornadas consecutivas en terreno positivo y registrar un avance superior al 50% desde los mínimos de 400 puntos alcanzados en julio. Este índice, elaborado por la entidad financiera J.P. Morgan, mide el sobrecosto o prima de riesgo que deben ofrecer los títulos soberanos locales respecto de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos —considerados el activo libre de riesgo a nivel global—. Una marca de 609 unidades implica que el país debe convalidar una sobretasa de 6,09 puntos porcentuales adicionales frente a la referencia norteamericana para seducir a los acreedores.
El deterioro responde a un escenario de pinzas entre presiones externas e incertidumbres del frente doméstico. En el plano internacional, el rendimiento del bono estadounidense a cinco años escaló de 4,35% a 5,02% mensual producto de la volatilidad en el precio del crudo y las presiones inflacionarias globales, restando atractivo a las plazas emergentes y empujando el rendimiento de títulos argentinos como el GD35 al 11,75%. A esto se suma el clima de cautela ante los calendarios electorales de potencias clave como Estados Unidos y Brasil, lo que acentuó la salida de fondos de activos de mayor volatilidad.
En el terreno local, los operadores financieros comenzaron a seguir con creciente celo el ritmo de compras de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Durante septiembre, el promedio diario de adquisiciones oficiales rondó los u$s 14 millones, exhibiendo una marcada desaceleración frente a los u$s 38 millones diarios promediados en agosto y los u$s 137 millones registrados en el segundo trimestre. Esta merma en la capacidad de acumular reservas netas reaviva los interrogantes sobre la solvencia requerida para afrontar los compromisos en moneda extranjera.
La principal preocupación técnica se traslada al Programa Financiero 2027, cuyas necesidades de financiamiento brutas se estiman en u$s 24.900 millones. Con un riesgo soberano en estos niveles, se encarece drásticamente la alternativa de emitir nueva deuda en el mercado de capitales o colocar títulos Bonares a tasas sostenibles, cerrando la ventana para el regreso del Tesoro al crédito voluntario internacional.
Este encarecimiento no solo condiciona a la administración central, sino que impacta de forma directa sobre las provincias y el sector corporativo. Proyectos de inversión de capital intensivo y de largo aliento —como los desarrollos hidrocarburíferos en Vaca Muerta o la colocación de deuda frenada por u$s 600 millones de la provincia de San Juan— ven encarecido su costo de fondeo, en momentos en que la economía real acusa una retracción mensual de 2,9% según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y los inversores adoptan una postura defensiva frente a la contienda electoral.
