Analistas del mercado de telecomunicaciones marcaron visiones diferentes sobre el impacto que tendrá el decreto presidencial sobre administración de frecuencias, en el negocio de 4G y comunicaciones.

"El DNU de ayer es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos", afirmó Franco Cecchini, titular de la Cámara de Telefonía IP (Catip), que reúne a las operadoras pymes.

Agregó que "liberar las fuerzas de todos los emprendedores argentinos con ganas de invertir y competir por los maltratados usuarios es una decisión inteligente que cambiará para mucho mejor la calidad y nivel de servicio de Telecomunicaciones de nuestro país".

Mientras que el consultor, Enrique Carrier, en diálogo con Télam consideró que "hay que ver cómo se implementa el otorgamiento, para ver quienes pueden participar, si hay o no restricciones para los operadores existentes".

En cambio, el investigador del Conicet, Martín Becerra, aseguró que "con el breve DNU 58/2019, el gobierno argentino vuelve a modificar la estructuración, reglas de juego y asignación de recursos públicos en el sector de las comunicaciones", en un artículo que tituló "Macri decreta a favor de las telefónicas".

El decreto de necesidad y urgencia 58 publicado ayer en el Boletín Oficial, otorga al Ente Nacional de Comunicaciones las bandas de espectro radioelétrictro que tenía en reserva la empresa Arsat.

Estas bandas, que sirven para dar servicios de internet móvil con tecnología de 3G y 4G, ya tienen su propia historia pues fueron las mismas que el Estado puso en manos de Arsat para el proyecto Libre.Ar, que nunca se concretó y fueron las asignadas en el año 2014 a la empresa del grupo Vila, Arlink.

El incumplimiento de Arlink hizo que las frecuencias volvieran a Arsat como "reserva", pero recién el año pasado su uso dejó de estar judicializado.

Ahora el decreto le otorga al Enacom la facultad de asignar estas frecuencias "a efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional".

Dispone también que un "20% de las frecuencias" serán otorgadas a "prestadores de Servicios de carácter regional o local, públicos o privados".

Más allá de estas consideraciones toda licitación de espectro implica el ingreso de dinero para las arcas nacionales.