La profunda crisis operativa y financiera que atraviesa la aerolínea Flybondi sumó un capítulo judicial crítico en los tribunales nacionales. La sociedad propietaria del Hotel Presidente -un reconocido establecimiento de cuatro estrellas ubicado en el centro porteño- radicó un pedido de quiebra contra la compañía low cost debido a una deuda acumulada que supera los 660 millones de pesos por servicios de hotelería que nunca fueron abonados.

La presentación formal detalla la existencia de 49 facturas impagas emitidas de forma consecutiva entre diciembre de 2025 y junio de 2026. El monto exacto reclamado en el expediente asciende a la cifra de $660.721.114,03, un saldo que, según los asesores legales del hotel, refleja un estado manifiesto de cesación de pagos por parte de la firma aerocomercial.

El establecimiento damnificado, propiedad del encumbrado dirigente empresarial Aldo Elías -vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT)-, constató que se agotaron las instancias de mediación privada. La firma notificó al juzgado que la aerolínea ignoró por completo una carta documento de intimación que otorgaba un plazo de 48 horas para regularizar los saldos vencidos.

La causa se tramita formalmente ante el Juzgado Comercial N°24, Secretaría N°47, bajo la conducción del juez Guillermo Pesaresi. Como primera medida técnica para dar curso al proceso de quiebra, el magistrado le solicitó a la empresa hotelera una ampliación de la documentación que desglose de manera pormenorizada cuáles fueron los servicios específicos que originaron el pasivo reclamado.

Este revés en los tribunales encuentra a Flybondi inmersa en su peor escenario desde que comenzó a operar en 2018. La aerolínea tiene nueve aviones fuera de servicio debido a problemas severos de mantenimiento y deudas por contratos de alquiler (leasing), una parálisis de hardware que se agravó días atrás cuando la petrolera estatal YPF restringió el suministro de combustible por atrasos crónicos en los pagos.

El ahogo financiero provocó que el jueves de la semana pasada la transportista se viera obligada a cancelar la totalidad de sus vuelos programados, un hecho de inactividad absoluta que no se registraba desde el período de restricciones de la pandemia. Los registros del sector muestran que la compañía llegó al extremo técnico de operar con una sola aeronave en condiciones regulatorias a comienzos de junio.

El descalabro en los planes de vuelo ya derivó en una denuncia penal impulsada por el letrado Lucas Bianco frente a los más de 2.500 vuelos cancelados, una maniobra que afectó de forma directa a más de 350.000 usuarios en los últimos meses. A este complejo frente de tormenta se le añaden los reclamos gremiales de extrabajadores, quienes exigen el pago de indemnizaciones y el cumplimiento de los retiros voluntarios pautados en marzo dentro de un postergado plan de reestructuración corporativa.