El Poder Ejecutivo nacional liderado por Javier Milei busca retomar la iniciativa en la agenda política y económica del Congreso tras la reciente crisis de gabinete que derivó en el desplazamiento de Manuel Adorni. Dentro de su paquete de prioridades legislativas, la administración libertaria planea acelerar un proyecto de ley para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), orientada taxativamente a obturar de forma definitiva la capacidad de la entidad para financiar el déficit del Tesoro a través de la emisión monetaria.

La estrategia oficial cosechó este jueves el rechazo frontal de dos expresidentes de la máxima autoridad monetaria, quienes salieron de forma simultánea a alertar sobre los riesgos de la propuesta y aseguraron que se trata de un condicionamiento directo exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El propósito de la reforma es derogar los cambios implementados durante el mandato de Cristina Kirchner en 2012, época en la que Mercedes Marcó del Pont conducía la institución.

La propia Marcó del Pont fue una de las primeras voces técnicas en criticar la movida del oficialismo, acusando al mandatario de padecer una ceguera conceptual al suponer que la inflación se erradica exclusivamente mediante el manejo de los agregados monetarios o la tasa de interés. La economista argumentó que el actual proceso de desaceleración de los precios se sostiene sobre bases artificiales como la recesión generalizada, la licuación de los ingresos asalariados y el ancla del tipo de cambio.

En declaraciones radiales, la exfuncionaria afirmó que la avanzada desreguladora sobre el estatuto del Central era un movimiento previsible, dado que los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional lo vienen solicitando de manera de manera recurrente en las revisiones del programa de deuda.

En sintonía con este planteo, Miguel Pesce -quien comandó los destinos del BCRA entre 2019 y 2023- coincidió en que la iniciativa figura de forma explícita dentro del menú de compromisos estructurales que el Gobierno asumió en su último entendimiento técnico con el organismo de crédito multilateral.

Pesce detalló que el FMI presiona históricamente con el concepto de la autonomía absoluta del Central para aislarlo de la órbita de las decisiones del Poder Ejecutivo. El exdirector recordó que la reforma de 2012 es justamente la que dotó al Estado de herramientas anticíclicas esenciales al autorizar la transferencia de adelantos transitorios hacia las arcas del Tesoro Nacional.

El especialista advirtió que el escenario propuesto encierra una trampa macroeconómica severa, dado que al disociar la autonomía de la entidad y fijarle como único objetivo legal el control estricto de la inflación, se corre el riesgo de inducir a la economía nacional hacia una recesión terminal. Para el economista, el banco de bandera debe conservar una meta dual que equilibre la estabilidad del signo monetario con el estímulo al crecimiento productivo.

Finalmente, Pesce trazó un sombrío paralelismo histórico al señalar que el texto que pretende imponer la gestión actual replica de manera exacta el andamiaje institucional que regía bajo el esquema cambiario de la convertibilidad. En ese sentido, rememoró que dicho diseño normativo ya fracasó en la crisis de 2001, desembocando en la recesión más prolongada de la historia argentina contemporánea y empujando los indicadores sociales hasta un inédito 25 % de desocupación abierta.