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Mendoza
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El superávit fiscal continúa en pie, pero la menor inflación reduce el efecto licuación sobre el gasto. Consultoras advierten que el ajuste depende cada vez más de recortes discrecionales y de una recuperación de la actividad.
El Gobierno nacional mantiene el superávit fiscal y continúa encaminado a cumplir la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la desaceleración de la inflación empezó a modificar la dinámica de las cuentas públicas y redujo el margen que durante los últimos años permitió licuar parte del gasto.
Durante buena parte de 2024 y 2025, la suba acelerada de precios ayudó a contener en términos reales partidas como jubilaciones, salarios públicos y otros componentes del gasto. Ahora, con una inflación más baja, ese mecanismo pierde efectividad y algunas erogaciones indexadas comienzan a recuperar poder de compra.
Los datos de mayo muestran ese cambio de etapa. Según cálculos de IARAF, los ingresos del Sector Público Nacional cayeron 4,1% real interanual, mientras que el gasto primario retrocedió 2,2%. El resultado fue un superávit primario de $1,92 billones y un superávit financiero de $478.613 millones, aunque ambos fueron menores en términos reales que los registrados un año atrás.
En el acumulado de enero a mayo, los ingresos totales bajaron 4,3% real y los tributarios retrocedieron 6,1%, mientras que el gasto primario cayó 3,1%. Como consecuencia, el superávit primario acumulado mostró una baja real del 12% frente al mismo período de 2025.
Aun así, las cuentas públicas conservan margen frente a las metas del FMI. La consultora ACM estimó que el resultado acumulado hasta mayo supera en $1,15 billones el objetivo previsto para junio, aunque recordó que esa meta fue revisada a la baja respecto de la primera revisión del programa.
La menor inflación impacta especialmente sobre las partidas que se actualizan con rezago. Según One618, mayo empezó a mostrar la tensión de una nueva etapa fiscal: "La compresión del gasto real en seguridad social terminó".
El punto central es que jubilaciones y otras prestaciones se ajustan por inflación con dos meses de retraso. Cuando los precios aceleraban, esa actualización quedaba rezagada y ayudaba a licuar el gasto. Con la inflación en baja, ocurre lo contrario: las prestaciones se actualizan con índices anteriores más altos y empiezan a recuperar en términos reales.
De acuerdo con IARAF, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron en mayo 1,2% real interanual, las prestaciones del PAMI aumentaron 10,6% y la AUH avanzó 8,6%.
Para sostener el resultado fiscal, el ajuste debió concentrarse en otras partidas. El gasto salarial cayó 4,7% real interanual, los subsidios económicos bajaron 19,8%, el gasto de capital retrocedió 27,8% y las transferencias corrientes a provincias se desplomaron 40,1%.
Del lado de los ingresos, la recuperación todavía no termina de consolidarse. ACM señaló que en mayo el IVA cayó 9,5% real interanual, los aportes y contribuciones retrocedieron 4,3%, los derechos de exportación bajaron 38% y los derechos de importación cedieron 24,4%. La principal excepción fue Ganancias, que creció 29,5% real y ayudó a sostener el resultado del mes.
El debate entre las consultoras pasa ahora por cuánto esfuerzo adicional necesitará el Gobierno para sostener el equilibrio fiscal. JP Morgan mantiene su proyección de presupuesto equilibrado para 2026 y considera que un superávit primario de 1,5% del PBI debería alcanzar para cubrir los intereses de la deuda.
En la misma línea, LCG cree que la meta acordada con el FMI sigue siendo alcanzable, aunque advirtió que la caída persistente de los ingresos obliga a profundizar el ajuste sobre el gasto. Para la consultora, la incógnita estará en la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario.
One618 planteó una mirada más exigente. Estimó que el Gobierno podría cerrar el año con un superávit primario de entre 1% y 1,1% del PBI, por debajo del compromiso con el FMI. Según su análisis, la combinación de actividad débil, ingresos en retroceso y menor capacidad de licuación limita el margen oficial.
La tensión también empieza a sentirse en las provincias. Según Econviews, las transferencias nacionales acumulan una caída real cercana al 42% en lo que va del año, mientras las jurisdicciones enfrentan una recaudación más débil por impuestos coparticipables.
La consultora resumió que las provincias volvieron a registrar déficit fiscal en 2025. De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales citados por Econviews, el rojo consolidado alcanzó el equivalente a 0,3% del PBI, luego del superávit observado en 2024.
En este escenario, el Gobierno conserva el ancla fiscal como principal pilar de su programa económico, pero con un margen más estrecho. La desinflación reduce el efecto de la licuación y obliga a depender cada vez más de recortes selectivos, control del gasto discrecional y una recuperación de la actividad que todavía no se refleja plenamente en la recaudación.
