El Gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de endeudamiento público por hasta US$5.000 millones y habilitó la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a esas operaciones.

La medida fue oficializada mediante el decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía para acceder a financiamiento externo con respaldo de organismos multilaterales.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos otorgados por entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

En los últimos días, el Banco Mundial aprobó un esquema de garantías por US$2.000 millones, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó otra garantía de hasta US$550 millones, orientada a facilitar una operación que podría movilizar hasta US$1.200 millones de financiamiento privado para el país.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma autoriza al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a incorporar cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales federales y estaduales del estado de Nueva York.

Esto implica que el país acepta que eventuales reclamos judiciales vinculados a los contratos alcanzados por estas operaciones puedan tramitarse ante esos tribunales. Se trata de una práctica habitual en contratos de financiamiento internacional, utilizada para otorgar mayor previsibilidad jurídica a acreedores e instituciones financieras.

La disposición también contempla una renuncia parcial a la inmunidad de jurisdicción, aunque establece límites para resguardar determinados activos del Estado.

El texto mantiene la inmunidad de ejecución sobre las reservas y cuentas del Banco Central, los bienes del dominio público ubicados en territorio nacional, los activos afectados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso, y los bienes protegidos por privilegios diplomáticos y consulares.

También quedan resguardados los recursos vinculados a la defensa y la seguridad, los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación y los ingresos provenientes de impuestos y regalías adeudadas al Estado nacional.

La reglamentación faculta al Ministerio de Economía a definir plazos, modalidades y monedas de las operaciones. Además, podrá designar a las entidades financieras participantes, suscribir los acuerdos correspondientes, pagar comisiones y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.

Fuentes oficiales sostienen que las líneas respaldadas por organismos multilaterales permitirían acceder a tasas más bajas que las disponibles actualmente para una emisión soberana tradicional, en línea con los compromisos financieros previstos en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional.